Andalucía recurre en el juzgado el plan del Gobierno para viviendas turísticas

El pasado mes de octubre, en pleno debate político y social sobre los problemas de acceso a la vivienda, el Ministerio de Vivienda lanzó su plan para regular los alojamientos turísticos y temporales en toda España. Este paso se dio tras varias reuniones sin avances con todas las comunidades autónomas que son quienes tienen las competencias en esta materia y que habían desplegado distintas líneas de actuación en función del territorio. El objetivo era crear un registro y una ventanilla única que unificara toda la oferta existente en los distintos puntos del territorio para favorecer el control de la oferta ilegal y realizar un seguimiento de los distintos casos.

El Ministerio de Vivienda aprobó en enero este decreto con el objetivo de que entrara en vigor el próximo 1 de julio. A partir de entonces, sobre el papel, todas las viviendas turísticas o de alojamiento temporal deben estar inscritas en este registro único para facilitar su «supervisión» por parte de las administraciones locales y nacionales. Además, todas las plataformas digitales de alquiler deberán compartir sus datos en la ventanilla única digital de forma periódica.

Rechazo andaluz

La propuesta, sin embargo, no fue bien acogida por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que expresaron sus reticencias a la entrada del Ministerio en un asunto que consideran de su competencia. La Junta de Andalucía ha dado ahora un paso más en este rechazo y cuando apenas queda un mes para la entrada en vigor de este nuevo decreto ha formalizado un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio.

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«Hay una falta de competencia del Estado para establecer el procedimiento de registro único de arrendamientos y una insuficiencia de rango para imponer a las personas arrendadoras y a las plataformas en línea de alquiler de corta duración toda una serie de obligaciones que no vienen amparadas por ninguna norma con rango de ley»·, apuntan desde la Consejería de Turismo y Deporte de Andalucía, desde donde subrayan que otras comunidades, como es el caso de Canarias, ya han planteado un recurso similar contra la Junta de Andalucía, una vez que en los dos meses que han transcurrido desde que se plantease el anuncio previo preceptivo no se ha recibido respuesta.

Medida ineficaz

La Consejería de Turismo subraya que comparte el Reglamento Europeo así como el objetivo de dotar a las administraciones de nuevas herramientas para luchar contra los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración ilegales pero se rechaza el sistema de aplicación diseñado por el Gobierno de España porque consideran que no cumplirá sus objetivos y que supone una invasión de competencias.

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Concretamente, la Junta de Andalucía reivindica que sean las comunidades autónomas y no el Ministerio las únicas destinatarias de toda la información facilitada, con independencia de que se puedan establecer convenios de colaboración e intercambio de información. En esta misma línea, la Junta defiende que debe ser la Administración autonómica quien ejecute las resoluciones administrativas por las que se ordene la eliminación o inhabilitación del acceso a anuncios vinculados a establecimientos no autorizados.

La Consejería de Turismo señala que este sistema de registro único supone una «duplicidad» que debe ser eliminada y reclama que se garantice la autonomía de las comunidades de forma que no haya un sistema que suponga en la práctica una «supervisión» por parte del Ministerio de las competencias de otras administraciones.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía solicita una nueva convocatoria de todas las consejerías de las comunidades autónomas con competencias en vivienda para analizar la situación de los alojamientos turísticos, negociar el decreto y exponer los avances del grupo de trabajo que se creó para realizar un seguimiento.