Una de cada diez viviendas públicas de alquiler de la Junta de Andalucía está ocupada de forma ilegal

El parque público de viviendas en alquiler de la Junta de Andalucía, el más grande de una comunidad autónoma en España, arrastra desde hace décadas índices elevados de pisos que se encuentran ocupados de forma ilegal. En estos pisos que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (que heredó todo este patrimonio de la antigua Epsa) residen personas o familias que no fueron en su momento las adjudicatarias y que han accedido a los pisos de una u otra forma durante los últimos años. En estos momentos, según los datos de la Consejería de Fomento, esta situación irregular se produce en un 9,4% de las 48.500 viviendas públicas en alquiler, en torno a 4.500.

Esta cifra, no obstante, se ha venido reduciendo a lo largo de los últimos años. Según los datos de la consejería, en el año 2022, el porcentaje de viviendas ocupadas de forma irregular en toda Andalucía se situaba en torno al 13%, lo que suponía más de 6.300 repartidas por toda la comunidad autónoma.

"Hemos conseguido una reducción de casi el 30% de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas, lo que supone una mejora sustancial en la gestión del parque público autonómico", explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en una comparecencia en el Parlamento autonómico centrada en detallar las medidas adoptadas desde la administración autonómica en relación con las ocupaciones ilegales y la "inquiocupación", un fenómeno que se ha incorporado por primera vez en la normativa autonómica en el nuevo anteproyecto de Ley de Vivienda.

La Junta de Andalucía, según resume la consejera, tiene establecido un protocolo de verificación e inspección de las viviendas que se ha activado en 141.000 casos durante los últimos cinco años. De ahí, han derivado procesos de regularización de 4.538 viviendas que han podido ser recuperadas para ponerse de nuevo a disposición de otras familias de acuerdo con las listas de demandantes.

Una alternativa habitacional si la familia no tiene recursos económicos

En todos estos procesos, según la consejera, se trata de evitar que haya familias sin recursos que puedan quedan ser desalojadas sin una alternativa habitacional. De esta forma, se realiza un análisis de la situación económica de los ocupantes de la vivienda, antes de determinar si se le entrega una alternativa habitacional y si se recupera la vivienda para incorporar a la oferta del parque público de alquiler.

Recientemente, para reforzar estos planes de inspección, la Consejería puso en marcha un nuevo contrato con una unidad específica que está revisando la situación de más de 25.000 viviendas con especial incidencia en aquellos pisos que se considera que tienen un mayor riesgo de que se produzcan incidentes. No se controla en este caso ssololas ocupaciones ilegales, sino que también se revisan otras circunstancias que se han incrementado en los últimos años como la morosidad, la falta de actualización en los registros o incluso el uso de pisos para el desarrollo de actividades ilícitas. En estos últimos casos se produce el desahucio de forma inmediata.

Este contrato establece un mapa de riesgo que fija las 11.813 viviendas con más posibilidades de que se detecten problemas de titularidad, ocupaciones ilegales, incidencias en materia de convivencia o uso de pisos para actividades ilícitas. De estos, una tercera parte están ubicados en la provincia de Sevilla (3.031), seguido de Cádiz (2.695) y Granada (1.646)

La Consejería de Fomento ha incluido la ocupación ilegal y la inquiocupación entre los temas que se regulan en el anteproyecto de ley andaluza, un planteamiento que busca además confrontar con la normativa estatal a la que la Junta de Andalucía atribuye una "permisividad" con la ocupación ilegal.

El parque público de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) está formado por un total de 71.295 viviendas, de las cuales 22.762 son pisos en compraventa mientras que el parque completo de alquiler asciende a 48.633 pisos repartidos por la comunidad autónoma.