Polémica publicación
La Junta de Andalucía apoya a Ruth Ortiz y lamenta su "revictimización" 14 años después del crimen de sus hijos
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, transmite a la madre los niños asesinados "todo el apoyo, el cariño y la fuerza de la sociedad andaluza"

Ruth Ortiz, en Córdoba en una imagen de archivo. / A. J. González
Europa Press
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado su apoyo y cariño a Ruth Ortiz ante la publicación del libro El odio de Luisgé Martín por la editorial Anagrama, que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011. Asimismo, ha lamentado "profundamente la revictimización que está sufriendo 14 años después del crimen de los menores".
"No puedo ni imaginarme el dolor, la desolación y la angustia que tiene que estar sufriendo Ruth Ortiz", ha asegurado López en un comunicado. En este contexto, ha querido transmitir "todo el apoyo, el cariño y la fuerza de la sociedad andaluza" después de que un juzgado de Barcelona haya rechazado la suspensión cautelar sobre dicha publicación.
La Fiscalía de Barcelona ha asegurado que la editorial Anagrama ha incumplido "la obligación" de comunicar el contenido de 'El odio'. Así lo manifiesta en el recurso de apelación consultado por Europa Press contra la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, que el lunes denegó la medida cautelar solicitada por la Sección de Menores de la Fiscalía de Barcelona, que pedía la suspensión provisional de la publicación y distribución de la obra.
El instructor argumentó en el auto que los documentos aportados por la Fiscalía para justificar la necesidad de adoptar esta medida cautelar "no son adecuados para ello", pues son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, a lo que la Fiscalía responde que si no se dispone de este contenido es porque la editorial no lo ha entregado.
En concreto, sostiene que la "editorial Anagrama ha incumplido la obligación establecida en el artículo 3 de la Ley 1/1982 de 5 de mayo al no comunicar y dar traslado al Fiscal de su contenido con carácter previo".
Aun así, considera que "se ha dado traslado al juez de documentación más que suficiente para valorar, prever y concluir con el debido rigor y total seguridad que sí existe el grave e inminente riesgo de intromisión ilegítima en el derecho al honor" y por tanto de lesionar un derecho fundamental.
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