Contratos

La Junta desvincula el relevo de la interventora general del asunto del SAS

La consejera Carolina España afirma que "no ha sido una destitución" sino "una petición propia por motivos personales"

La consejera de de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

La consejera de de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Europa Press

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, desvinculó este jueves el relevo de María Antonia González como interventora general de la Junta del asunto de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), apuntando que ha sido «a petición propia».

«No ha sido una destitución, ha sido un cese a petición propia por motivos personales», indicó la portavoz del Gobierno andaluz, en declaraciones a los periodistas en Cádiz.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado miércoles el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa Teva como nuevo interventor general de la Junta, cargo dependiente orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en sustitución de María Antonia González.

Contratos de emergencia del SAS

Desde partidos como Izquierda Unida o Adelante Andalucía se ha vinculado ese relevo con el hecho de que González estuviera al frente de la Intervención General cuando ésta «alertó en informes sobre posible fraude» en los contratos de emergencia del SAS, un asunto que el PSOE-A ha denunciado en los tribunales.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, acusó este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de cesar a quienes «denuncian la corrupción», en referencia al relevo en la Intervención General que fue aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno. En un audio, el portavoz parlamentario de Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha indicado que el cese de María Antonia González, la «interventora que realizó los informes que alertaron y denunciaron que posiblemente había fraude y podía haber una presunta corrupción en el caso de los contratos menores» del SAS, es la demostración de que en el Gobierno andaluz del PP-A, «quien denuncia la corrupción, cae».

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