Andalucía Acoge atiende a más de 4.500 temporeros en Huelva y Almería

Andalucía Acoge atiende de forma estable durante todo el año a más de 4.500 migrantes en asentamientos vinculados a la agricultura intensiva en el campo de Níjar (Almería) y en los municipios onubenses de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

Según indica la ONG en un informe, en los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en Níjar viven unas 3.537 personas, de las cuales 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.

Por su parte, Huelva Acoge actúa en 16 de los 41 asentamientos de la provincia, con una población de aproximadamente 1.000 personas fuera de la temporada agrícola, aunque durante la campaña de los frutos rojos, esta población puede llegar a triplicarse.

En general, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30 y el 40% de la población podría vivir allí de forma permanente.

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Según Andalucía Acoge, en ambos casos los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen «el no reconocimiento de la vecindad», aunque hay «diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses».

El caso de Níjar (Almería)

El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales, tales como derechos laborales, acceso a la vivienda, sanidad y de movilidad segura. 

Hay casi 500 mujeres y 83 menores de edad en asentamientos chabolistas

Una de las principales barreras administrativas de estos trabajadores extranjeros es la falta de empadronamiento, que es fundamental para el acceso a servicios básicos. Según esta ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada, y en las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de los trabajadores es más frecuente.

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La situación en Huelva

Las condiciones de vida en estos asentamientos son «extremadamente precarias», y los incendios son un problema recurrente que agrava aún más su situación en las infraviviendas. Entre abril de 2020 y mayo de 2024 hubo 22 incendios en estas infraviviendas. En Palos de la Frontera, los migrantes manifiestan la existencia de redes organizadas que se lucran de esta necesidad: cobran hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar en contratos de trabajo irregulares.

Asimismo, cada año, familias rumanas con menores llegan en abril y mayo para la campaña de la fresa. A pesar del interés de la Administración Local, estos menores no están escolarizados, y aunque la problemática se comunica a la Fiscalía de Menores, la intervención suele llegar en julio, cuando la población ya no está presente.