El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación, por un importe de 87.439.980 euros, IVA incluido, el acuerdo marco «por el que se fijan las condiciones para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas a usuarios» del SAS «en centros sanitarios y servicios privados de la comunidad autónoma de Andalucía y provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas».
La licitación se ha dividido en 34 lotes, y el valor estimado total del contrato asciende a un montante de 201.111.954 euros, ya que la duración del acuerdo marco se extiende a dos años con posibilidad de prorrogarse por otros dos más, según la información publicada por la Junta de Andalucía en su página web, consultada por Europa Press.
Al respecto, desde la Consejería de Salud y Consumo se defiende que existen «varias razones que justifican la duración de dos años para este acuerdo marco», como son que así se proporciona «estabilidad y certidumbre a largo plazo para los proveedores de la prestación de la asistencia sanitaria complementaria y para la Administración», algo que «les permite planificar sus actividades y recursos con anticipación, lo que puede mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios sanitarios».
Además, «una duración de dos años más la posibilidad de hasta dos años de prórroga, puede ayudar a reducir estos costos y el tiempo necesario para llevar a cabo procesos de licitación», según sostiene igualmente la Junta, que razona también que «un acuerdo marco de hasta cuatro años, incluyendo sus posibles prórrogas, permite a los proveedores de servicios sanitarios complementarios adquirir experiencia y conocimientos más profundos sobre los requisitos y necesidades de la Administración».
Además, «un acuerdo marco por dos años ofrece cierta flexibilidad para adaptarse a los cambios en las necesidades y demandas de los pacientes y del mercado en general», argumentan también desde la Junta.
La memoria justificativa de este acuerdo marco encuadra esta iniciativa en los «conciertos sanitarios» suscritos entre la Junta y «entidades privadas titulares de centros y/o servicios sanitarios», que «responden a la necesidad de complementar los dispositivos asistenciales propios, dando respuesta a la protección del derecho a la salud» reconocido en la Constitución.
Al respecto, desde la Junta subrayan que, «en función de las competencias atribuidas, de las necesidades asistenciales y del presupuesto disponible, se han venido manteniendo durante años diversos contratos de prestación de asistencia sanitaria especializada, de carácter complementario a los facilitados con medios propios, con diversas empresas, titulares de centros homologados en Andalucía (...), ante la necesidad de la Administración de una adecuada asistencia a usuarios del SAS y con carácter complementario de los servicios propios».
Se trata, según abunda la memoria justificativa, de «prestaciones incluidas en la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud establecida por Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, a realizarse por un centro hospitalario homologado y cuyos objetos de contratación radicaban en la contratación de estancias médicas --enfermos pluripatológicos y paliativos--, intervenciones quirúrgicas con hospitalización, cirugía mayor y menor ambulatoria, pruebas diagnósticas, así como terapias oncológicas de radioterapia».
El SAS defiende para justificar esta licitación que «se hace necesaria la contratación de conciertos, con empresas autorizadas al respecto, por carecer de medios propios suficientes para realizar las distintas actividades y pruebas diagnósticas».
