TRIBUNALES
Más de un centenar de investigados por pozos clandestinos y regadíos ilegales en Málaga
La decisión la ha tomado el Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez-Málaga tras una denuncia del Seprona y de la Fiscalía de Medio Ambiente

Cultivo de mango, en una imagen de archivo. / Prensa Ibérica
Efe
El Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha abierto unas diligencias judiciales en las que se investiga a más de un centenar de personas por supuesta gestión irregular de agua a través de pozos clandestinos y regadíos ilegales en la zona de la Axarquía.
La investigación se inició a raíz de una denuncia del Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente y el juzgado instructor ha librado un oficio en el que pide al Seprona que se diga a todos los implicados que cesen de extraer agua hasta que se compruebe la legalidad de esas tomas de agua, según han informado a EFE fuentes judiciales.
La investigación tiene como epicentro una serie de plantaciones de subtropicales en la Axarquía y la Guardia Civil ya ha comenzado a tomar declaración a personas en calidad de detenidos y, posteriormente, están quedando en libertad bajo la advertencia de que serán citados a declarar ante el juzgado instructor.
El subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha indicado a los periodistas que el caso se ha iniciado a instancia judicial y que la Guardia Civil está acabando las diligencias de unos delitos "de repercusión social importante" y que posteriormente pasará toda la investigación al juzgado.
Hasta la fecha, según el subdelegado, por parte de la Guardia Civil hay 36 personas investigadas y 26 detenidos, que tras su declaración han sido puestos en libertad por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y usurpación de agua.
Fuentes judiciales han indicado que serían más de un centenar las personas investigadas judicialmente, aunque el número se reduciría posteriormente tras la pesquisas de la Guardia Civil.
El Diario Sur, que ha adelantado la noticia, indica que se ha detectado la extracción clandestina de más de un millón de metros cúbicos de una masa de agua subterránea a través de tres pozos ilegales que han estado funcionando durante años.
La segunda infracción que investiga el Seprona se refiere al desvío de agua gestionada por varias comunidades de regantes, que administran este recurso a una serie de parcelas autorizadas.
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