sesión de control en el parlamento

La confrontación aumenta a dos meses de las municipales

Moreno niega la privatización de la sanidad pública y avala los contratos de emergencia | Juan Espadas tacha de «escándalo» las contrataciones «sin amparo legal y a dedo»

Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz.

Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz. / EFE

Efe

La privatización de la sanidad pública y las presuntas «irregularidades» en los contratos de emergencia «a dedo» de la Junta con clínicas privadas, denunciadas por la oposición y negadas por el presidente, Juanma Moreno, que defendió su legalidad, marcaron este jueves el debate político en el Parlamento de Andalucía. A poco más de dos meses para las elecciones municipales y a dos días de las manifestaciones de las mareas blancas en defensa de la sanidad pública, el tono de la confrontación dialéctica en el pleno de la Cámara subió y derivó hacia acusaciones de viejos y nuevos casos de corrupción. Aludieron al caso ERE, el caso Roldán, la dimisión de la directora de la Guardia Civil, el caso de la Faffe o amenazas veladas por parte del presidente en la respuesta al líder del PSOE-A, Juan Espadas, que puso nombre al «escándalo» de los contratos sanitarios de emergencia de la Junta «a dedo», por valor de 243 millones con clínicas privadas, que ha calificado como el «caso emergencia».

«Se trata de contratos sin amparo legal, a dedo y sin requisito alguno, contratos burdos que benefician a la privada, anómalos de pleno derecho por los que va a tener quedar muchas explicaciones», denunció Espadas, que afeó al presidente que mantenga que «contratar a dedo sea legal» y precisó que «no es verdad» que esos contratos tengan el visto bueno de Tribunal de Cuentas. Moreno, que negó que su gobierno esté privatizando la sanidad pública y defendió la legalidad de los contratos sanitarios de emergencia, indicó que la administración del Estado y otras comunidades «también los han hecho» y sostuvo que Andalucía es una de la regiones que «menos concierta» con la sanidad privada.

El popular lanzó una advertencia velada a Espadas al avisarle que aún quedan «muchos pufos» por conocer de las distintas etapas de los gobiernos socialistas en la Junta con «contratos verbales, adjudicaciones de palabra y con intermediarios». «Cuidado con los bulos que nadie sabe a quién le pueden explotar en la manos», apostilló Moreno. La orden de tarificación de la Junta para los conciertos con la privada y los contratos de emergencia centraron también las acusaciones de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, de los que dijo que estaban «cargados de irregularidades» y recordó que ya en el anterior mandato el TSJA «tumbó» los contratos exprés de la Junta.

El presidente, que vinculó las acusaciones a la proximidad de las elecciones municipales, espetó a Nieto que si tanto le interesa el dinero público «por qué ha votado contra la comisión de la Faffe que intenta saber donde ha ido el dinero público». En un tono parecido discurrió la confrontación dialéctica entre Moreno y el portavoz de Adelante, José Ignacio García. El primero volvió a negar que la Junta este privatizando, mientras García aseveró: «Esta acelerando la privatización, aumentando las derivaciones y alimentando la idea de que la publica no funciona para que los ciudadanos se hagan una póliza privada». Contratos al margen, la intervención del portavoz de Vox, Manuel Gavira, se refirió al pacto social sobre el que aseguró que Moreno está «haciendo exactamente lo mismo que criticó anteriormente».

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acusó al Gobierno central de «azuzar» a la Comisión Europea contra la proposición de ley para regular suelos de regadío con agua superficial junto a Doñana, ya que ha garantizado que se trata de una iniciativa que pondrá «punto final» a «pinchar» los acuíferos. En la sesión de control en el Parlamento andaluz, Moreno señaló que son el Gobierno central y algunos de sus miembros los que «ponen en peligro el prestigio reputacional» de Doñana ante Europa con una «acción irresponsable, poco dialogada y no consensuada». Mantuvo que es «una ley de punto final para poner fin a pinchar los acuíferos, que durante demasiados años se han pinchado, sin que por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se asuma su responsabilidad y sin que el Gobierno haga el trasvase para llevar agua de superficie a esos regantes, que generan empleo y riqueza». Afeó a Por Andalucía que cuando formaba parte del gobierno andaluz de coalición (PSOE-IU) «miraban para otro lado mientras se perforaban permanentemente y de manera ilegal los pozos al lado de Doñana» y recordó que la federación de izquierdas dirigía en aquella época las políticas de Medio Ambiente (2012-2015). El presidente andaluz lamentó que la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, «cada vez se desliza más hacia el PSOE» y «ampara todas las decisiones» de ese partido, «no solo del presente, también del pasado». Por su parte, Nieto reclamó de nuevo a Moreno que abandone la «tentativa» junto a Doñana por «el daño» que hace, por la confrontación social «que azuza» en Huelva y porque es su responsabilidad mantener la «viabilidad» del Parque Nacional.