La Junta de Andalucía cambiará el sistema de contratación del SAS en junio

El Gobierno andaluz defendió este martes la legalidad de todos los contratos de emergencia realizados en el ámbito sanitario desde el inicio de la pandemia y anunció que trabajan en un nuevo sistema centralizado de contratación desde junio -cuando finaliza la última prórroga- para ganar en transparencia. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, tras el Consejo de Gobierno, defendió la legalidad de los contratos de emergencia en el SAS, ya que cuentan con los informes jurídicos y de la intervención favorables. Y argumentó que el objetivo siempre ha sido «salvar vidas» y que el SAS está pagando aún «las consecuencias» del covid».

Además, garantizó que no se ha producido «discrecionalidad» alguna en las contrataciones de emergencia, cuyo decreto ha tenido prórrogas hasta junio de 2023. El SAS está «centrado en normalizar esa situación» y por eso trabaja, en el «horizonte de junio», para tener u nuevo sistema para «optimizar los recursos de todos», explicó el portavoz. Este centralizará todas las contrataciones de bienes y servicios que se estaban haciendo a través de los hospitales y centros de cada provincia, para así tener «una economía de escala» y apurar «hasta el último céntimo».

El objetivo de la Junta es que no se sigan prorrogando los contratos de emergencia por el covid, aunque el portavoz manifestó que la máxima que siempre persigue el SAS es «la de salvar vidas». El Ejecutivo andaluz recalcó en varias ocasiones que no actúa con discrecionalidad, ya que «todas» están hechas «de acuerdo a la ley» de contratos, con el «aval» del gabinete jurídico, «fiscalizadas» por la intervención de la Junta y, las que han sido requeridas ya, por la Cámara de Cuentas.

«Este gobierno no hace adjudicaciones a dedo, no tiene nada que ocultar», señaló Fernández-Pacheco, quien aludió a las contrataciones necesarias en el marco de la pandemia. Insistió en que «todo ha sido absolutamente legal» y resaltó, por ejemplo, que en 2021 las contrataciones de emergencia fueron el 20% de las intervenciones quirúrgicas, y en 2022 bajaron al 13,7%. El portavoz ha señaló que se trata de «emergencias justificadas a nivel técnico», no político, ya que los consejeros no están «para decir lo que es legal o no» y «para eso existe el gabinete jurídico y la intervención».

Más reuniones con CCOO y UGT

Por otra parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, defendió este martes, tras haber presentado el lunes un Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía, que contempla un pacto específico sobre Atención Primaria, y que pese a que los sindicatos tengan convocadas movilizaciones, proseguirá la negociación para materializar la aspiración de destinar un 25% del Presupuesto a la Atención Primaria.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Sanz sostuvo que el propio pacto por la Atención Primaria «tiene previstas reuniones con los representantes sindicales», para mostrarse entonces convencido de que «podremos alcanzar ese acuerdo» en el marco de la Mesa Sectorial.

«La firma del pacto que incluye un pacto por la Atención Primaria es la prueba de la voluntad de todas las partes», esgrimió el consejero. Pero Sanz precisó que «todavía no se ha firmado el pacto» y apuntó que «sí se ha establecido el marco operativo para ese pacto» por la Atención Primaria.