Un 35% de descuento si el médico privado te ve en la pública: entran en vigor las tarifas de la sanidad andaluza

La orden que regula nuevas tarifas para los conciertos sanitarios con la sanidad privada en Andalucía ha entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con fecha del jueves 2 de marzo. Pese a la indignación de los sindicatos y el frente abierto al Gobierno con este asunto desde la bancada de la oposición, que advierte de que se abre por primera vez la puerta a privatizar la atención primaria en Andalucía, la Junta ya dejó claro que no iba a rectificar nada.

El texto de la orden especifica, no figuraba así en el borrador, descuentos si los convenios con los facultativos de la privada se desarrollan en las instalaciones de la sanidad pública. "Estas tarifas máximas se corresponde con consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias, caso de no realizarse la prestación del servicio en dichas instalaciones la tarifa máxima se verá reducida al 35%", acota el texto en BOJA refiriéndose a las consultas de la atención primaria.

Eso confirma una de las denuncias de la oposición, que desde que se conoció el primer borrador de la orden alertó de que se abría la mano para que los facultativos de la privada puedan ejercer su labor en instalaciones de la sanidad pública cobrando por el concierto pero a menor cuantía. Los sindicatos alertan de que es una manera de debilitar a los profesionales de la pública en un momento muy delicado de colapso en la atención primaria, puerta de entrada al sistema.

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La orden despliega un catálogo de tarifas para procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas, estancias en hospitales o UCI y, por primera vez, consultas. "Consulta Médica Atención Primaria: 65,00 €; Primera Consulta: 150,00 €; Consulta Sucesivas: 90,00 €; Consulta Alta Resolución: 215,00 € ", recoge la orden.

Desde UGT alertaron de que "la Consejería de Salud demuestra su falta de capacidad para solucionar el problema de la atención primaria", señalando que "ahora poner precio de forma oficial al trabajo de los médicos de familia". Para Antonio Macías, portavoz de UGT, el mensaje es claro: "O aceptas la precariedad de tu trabajo o lo privatizo. O admites trabajar doce horas seguidas viendo 60 ó 70 enfermos al día o te puedo poner a un compañero de una empresa privada en tu misma consulta para que trabajes a destajo".

Los sindicatos, en pie de guerra

La orden ha levantado en pie de guerra a los sindicatos después de que el Sindicato Médico de Andalucía sí alcanzara un acuerdo con la Consejería de Salud que permitió desconvocar la huelga prevista en la atención primaria andaluza. El Gobierno de Juan Manuel Moreno, a diferencia de lo que ocurre en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, sí logró un acuerdo con el sindicato mayoritario que desinfló las protestas convocadas.

La desconvocatoria llegó después de que Salud se haya comprometido a limitar las agendas de los facultativos a 35 pacientes como máximo al día, 25 en el caso de los pediatras, como colofón a distintas medidas atendidas para las mejoras salariales y de estabilidad laboral de la plantilla. Ahora todo ese acuerdo cerrado se tambalea con la puerta abierta a que médicos privados atiendan a los pacientes, previo pago, en las consultas de los centros de salud públicos.

Desde Por Andalucía, su portavoz, Inma Nieto, que fue la que destapó la intención de abrir a los conciertos con la privada la atención primaria cargó contra la orden con dureza. "El PP de Moreno Bonilla aplica el rodillo de su mayoría absoluta y aplica algo inédito y sin precedentes en el conjunto de nuestro país que desde luego es el ataque más grave que se le haya infligido a nuestro Servicio Andaluz de Salud y que coloca en una posición complicada y amenaza las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario público y genera unas expectativas muy favorables de beneficios en las empresas privadas de salud que ya operan en Andalucía", lamentó Nieto.

El Gobierno andaluz lleva semanas defendiendo que esta orden no privatiza nada y solo actualiza otra orden anterior, que ya fijaba precios para los conciertos con la privada y que se remonta a 1998, aprobada por un Ejecutivo socialista. Salud defiende que se trata de evitar que las empresas privadas puedan aprovechar un vacío legal y aluden a lo ocurrido con las empresas Pascual en la provincia de Cádiz, que han ganado un pleito que ha costado a la Junta 121 millones de euros. Sobre que por primera vez se abra la puerta a privatizar la atención primaria defienden que solo se hará en caso de emergencia o catástrofe, aludiendo a la pandemia de covid como ejemplo.