Los rectores de las universidades andaluzas muestran su "inquietud" ante las nuevas universidades privadas

Los rectores de las universidades andaluzas, con la excepción de la Internacional de Andalucía (UNIA), mostraron este miércoles su «inquietud» ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los proyectos mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía, mientras las universidades públicas «seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore» sus condiciones.

Así lo indicaron en un comunicado firmado por todo los rectores, en el que recuerdan que estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en la que procedía emitir informe previo. Este rechazo, explican, «no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería».

El rector de la UCO rechaza el reconocimiento de dos universidades privadas en Andalucía

Andalucía contará el próximo curso con su primera universidad virtual privada

De hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas «enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos», precisan los rectores en el citado comunicado. Así, señalan que este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, «despierta una gran inquietud» entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas «seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia y nuestra excelencia».