POLÉMICA SANITARIA

La izquierda andaluza, contra el «negocio» de derivar a la sanidad privada

El PP andaluz vincula estas críticas al interés de crear un «incendio» para ganar votos | El PSOE dice que es la «puntilla» para «dinamitar» la Atención Primaria como se conoce ahora

Ángeles Férriz, durante su comparecencia ante los medios este miércoles.

Ángeles Férriz, durante su comparecencia ante los medios este miércoles. / Europa Press

Efe

Los partidos andaluces de izquierda han mostrado este miércoles su frontal rechazo al «negocio» para la sanidad privada con la orden de la Junta que contempla por primera vez tarifas para derivar la Atención Primaria a la privada y la utilización de hospitales del SAS para realizar pruebas y operaciones concertadas. La orden, en la que se fijan por primera vez los precios que se abonarían a las empresas privadas en consultas de Atención Primaria y actuaciones hospitalarias, es considerada por los partidos de la izquierda el salto definitivo del Gobierno andaluz para abrir la puerta a la privatización sanitaria en la comunidad, aunque el PP lo ciñe al interés electoral de crear un «incendio» para ganar votos.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, advirtió de que se trata del «paso definitivo» y la «puntilla» para «dinamitar» la atención primaria como se conoce actualmente, dentro de una «hoja de ruta trazada y premeditada» por el presidente Juanma Moreno «para deteriorar lo público y empujar a lo privado».

Resaltó que con la tarificación que se incluye en la orden se pagaría dieciséis veces más a un médico privado por hacer una consulta de Atención Primaria de lo que percibe uno de la sanidad pública por esa misma actuación.

La orden recoge 65 euros para un médico privado por una consulta de Atención Primaria; 150 euros por una primera consulta de especialista, y 90 euros por sucesivas consultas, que si son en el hospital ascienden a 215 euros.

Férriz aseguró que conocían la orden desde julio y lo expusieron públicamente en agosto y septiembre, aunque sin tanto impacto mediático como ahora tras la denuncia de Por Andalucía. El portavoz del PP, Toni Martín, aseguró que la disposición trata de «poner orden en el caos» y adecuarla a las circunstancias de 2023, ya que la anterior era de 1998, por si «excepcionalmente o puntualmente» hay que utilizar esos servicios.

Ha acusado a PSOE y Por Andalucía de querer «engañar» a los andaluces a cien días de las elecciones, con interés electoral, y recordó que la orden se aprobó en julio del año pasado, sin que ninguno de los dos partidos presentara alegaciones.

Por Andalucía, que destapó el contenido del borrador de orden publicado desde julio en la web de la Consejería de Salud, exige al presidente Moreno que la «frene y rectifique», al considerar que «engordará» los beneficios de la sanidad privada a costa de la pública, denunció su portavoz, Inmaculada Nieto, que puso de relieve las «contradicciones y falsas excusas» de la Junta.