La ley de atención temprana, en la recta final para su aprobación en Andalucía

La Ley de Atención Temprana, que debe regular la asistencia a niños de hasta seis años con trastornos de desarrollo o en riesgo de tenerlos, dejará el próximo miércoles de ser una asignatura pendiente en Andalucía con su aprobación en el Parlamento, después de años de negociaciones y de intentos fallidos.

Es la primera ley de la mayoría absoluta del PP, que cumple así un compromiso personal del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien tiene el deseo de que la norma salga adelante en la Cámara por unanimidad. «No siendo obligatorio, para nosotros era primordial que se entendiera que esta no es la ley de un gobierno ni de un partido», explica a Efe Beatriz Jurado, portavoz popular de Salud y encargada de las conversaciones con los grupos durante la tramitación, en la que se han admitido 51 enmiendas que modifican 20 artículos.

Considera que este ha sido un proceso «con buen clima y muy positivo» en el que se han hecho mejoras, lo que ha dado lugar a «usar más garantías, establecer mejores plazos y más coberturas» para los niños y sus familias, por lo que confía en que «todos puedan votar que sí con tranquilidad».

Explica que el texto recoge el espíritu, «aunque reformulado, porque todo ha ido avanzando y se han incorporado novedades», del que estuvo a punto de ser aprobado hace ocho años y que finalmente no lo fue por la negativa en el último momento de PSOE y Ciudadanos.

Aquella norma fue defendida entonces en la tribuna por la diputada Esperanza Gómez, antes en Podemos y ahora en Por Andalucía, madre de una niña de ocho años con síndrome de Down y que vive la tramitación de esta ley como «un tema muy personal».

Críticas de la izquierda

Reconoce en conversación con Efe que el texto «ha mejorado mucho» durante su paso por el Parlamento y que se han incorporado enmiendas que los agentes sociales venían reclamando, aunque no suscribe «eso de que la ley sea de todos, porque se podría haber hecho mucho más».

Para Gómez la línea roja para apoyarla está en los plazos, tanto para que el niño sea examinado y se diga qué tipo de ayuda necesita como para que a esta se le empiece a prestar una vez derivado a un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).

Asegura que va a votar «en conciencia» y alaba que la ley dé a la Atención Temprana «un reconocimiento y un valor que antes no existía», pero cree que si no se establecen unos plazos «los derechos que otorga a niños y familias dejan de serlo». «Lo que no quiero es ver a madres que me digan dentro de un año que tienen que esperar ocho meses para que sus hijos sean atendidos, como ocurre ahora», afirma Gómez, que resalta «la angustia de que te digan que tu niño tiene algo y no saben qué es».

En esto coincide Antonio Guerrero, que lleva luchando por esta ley desde que en 2015 se enteró de que su nieto podía tener trastornos de desarrollo. «Al final quedó en un retraso en el lenguaje y hoy está perfectamente, pero fue la causa de que esto se me metiera en todos los poros de la piel», indica a Efe satisfecho con la «visibilización» conseguida en este tiempo. «Queda un largo camino por recorrer», dice Guerrero, que ha planteado a Juanma Moreno la creación de un grupo de trabajo para la «segunda infancia», porque «después de los seis años queda el resto de la vida».