Ya hubo un aviso serio el pasado mes de julio. Una carta al Gobierno desde Bruselas advirtió de que o se tomaban las medidas oportunas para proteger Doñana o habría multas y sanciones. La carta de emplazamiento dirigida a España daba dos meses de plazo tope para que se cumplieran las indicaciones sobre la protección del Parque Natural, tras las denuncias de la organización ecologista WWF, y cuando en el Parlamento andaluz se había ya tramitado, y caído por la disolución de la Cámara, una iniciativa que indultaba hectáreas de regadíos en la zona de la Corona Norte del Condado de Huelva.
Se daban dos meses, mientras la sequía agrava la situación. Si no se adoptaban las medidas requeridas un año antes en una sentencia firme del Tribunal de Justicia Europeo, enfocadas en gran parte a acabar con los pozos y extracciones ilegales que esquilman el principal acuífero de uno de los humedales más importantes del mundo, se advertía de sanciones económicas e incluso veladamente de que se podrían condicionar los fondos Next Generation para la comunidad autónoma.
Frente a la carta de Bruselas y las alertas encendidas por las organizaciones ecologistas, la Mesa del Parlamento andaluz calificó esta semana de forma favorable una nueva proposición de ley, esta vez registrada por Vox. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, informó de que en su reciente visita a Bruselas esta semana, pese a entrevistarse con el equipo del Comisario de Medio Ambiente, nadie le preguntó por lo que estaba pasando en el Parque Natural. Desde el Gobierno de la nación no ocultan su preocupación. En el Ministerio de Transición Ecológica están convencidos de que si Andalucía mueve ficha en contra de las instrucciones de Bruselas el siguiente paso será congelar fondos europeos. Fuentes del grupo socialista andaluz insisten en que será “automático” y confirman que existe una “honda preocupación” en el Ejecutivo.
Vox coge la bandera
La iniciativa de Vox, que ahora busca hueco en la agenda del pleno del Parlamento andaluz, vuelve a pedir que se amnistíen 1.600 hectáreas de cultivos de 650 explotaciones agrícolas en las localidades de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). La proposición de ley propone lo mismo que la registrada el pasado mes de febrero por el PP con apoyo de Cs y Vox y que inició su tramitación con la abstención del PSOE. Ahora, cuando la sequía acosa a la comunidad autónoma, la Estación Biológica de Doñana ha alertado de que se ha quedado sin agua la última laguna que existía de agua dulce, y cuando Bruselas indica que no habrá más avisos sino multas, el Gobierno andaluz, con mayoría absoluta de los populares, guarda silencio y solo avisa de que “las prisas no son buenas”.
De fondo late el ruido electoral de las municipales y la pugna abierta por llevarse los votos de los pueblos onubenses donde este problema lleva lustros enquistado y se han reabierto las peleas por el agua entre los agricultores. El PSOE gobierna los ayuntamientos de Bonares, Moguer y Rociana, mientras que independientes tienen las alcaldías de Almonte y Rociana. Los socialistas admiten que tienen un fuerte desgaste electoral en estas localidades donde el PP ganó, en todas, por goleada en las últimas autonómicas. Vox se quedó como tercera fuerza política y ahora busca recuperar la hegemonía que tuvo en algunos de esos municipios en las generales.
El PP tiene la llave
El partido de extrema derecha es el tercer grupo de la Cámara, con 14 de 109 diputados. Sus votos en solitario no permitirían más que abrir de nuevo el debate pero sin más consecuencias. Es clave lo que haga el PP con su mayoría absoluta (58) para que la iniciativa vuelva a tramitarse en el Parlamento. El PSOE, que se enfrentó al Gobierno de Pedro Sánchez por su abstención, ya ha dicho que votará en contra.
Ahora desde el Ejecutivo de la nación presionan, avisando de las consecuencias incluso para los fondos europeos en un momento clave de crisis económica y amenaza de recesión tras el covid. El Gobierno andaluz se pone de perfil y asegura, para resguardarse de las medidas de Bruselas, que es cosa de los partidos políticos y del Parlamento. Es la misma actitud que tomó la vez anterior, cuando incluso eludió posicionarse desde el Consejo de Gobierno sobre el proyecto de ley que el mismo PP había registrado.
“No creemos que esta propuesta salga adelante ahora porque esta iniciativa no le interesa al PP en clave de elecciones locales”, sostiene Juanjo Carmona, de la organización ecologista WWF. Fue una denuncia de esta asociación en 2010 la que, tras una arduo trámite administrativo, acabó en sentencia firme del Tribunal Europeo hace un año. Ahora avisan de "la burla" que supone que esto vuelva a reabrirse. "La amenaza de la UE de tocar fondos europeos fue velada pero estuvo ahí y tanto el Gobierno como la Junta en conversaciones privadas admiten que Bruselas puede intervenir parte de esos fondos por muchas vías, para cobrarse la multa o congelando transferencias", explica Carmona. "La Comisión está muy cansada de los incumplimientos de los estados miembros en materia medioambiental y España, más con Doñana, es ya reincidente", avisa el portavoz de los ecologistas, que insiste en que lo que hay que hacer es cumplir con el precinto de pozos ilegales y el cumplimiento del plan de ordenación aprobado en 2014. "Es lo mínimo siete años después", sostiene.
Reforma legal
La iniciativa de Vox, calificada favorable y que se debatirá en la Cámara, defiende el “papel fundamental” en la economía de la provincia de Huelva del cultivo de los frutos rojos “desde los años 80 del pasado siglo”, destacando que su producción la alza como “la gran despensa de Europa” y que se realiza desde hace “más de 40 años”. Vox apela a la “riqueza” y el “empleo” para la zona y obvia la situación del Parque por la sequía. La iniciativa culpa a todas las administraciones de haber ido en los últimos años “propiciando un incremento de los distintos suelos aptos para ser regados” y sostiene, pese a los serios avisos de la UE, de que es “un crecimiento muy respetuoso con su entorno natural”.
Desde el punto de vista legal, Vox trata de enmendar las regulaciones de la Junta para ordenar los pozos y las extracciones de agua, en 2004, en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y en un decreto una década después, 2014, después de siete años de tramitación. Una regulación conflictiva, que tuvo “más de 3.000 alegaciones y 160 recursos en sede judicial”, tras la que “agricultores y ayuntamientos” han reclamado “la necesidad imperiosa de una modificación puntual de la normativa vigente”. Vox se hace portavoz de las reivindicaciones de la Asociación de Agricultores del Condado y de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, con más de 1.500 agricultores, que representa a todos los municipios afectados más organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones de la zona.
El texto legal de Vox apela a los mil millones en exportaciones frutos rojos, según Freshuelva, y reclama los proyectos de infraestructuras hidráulicos paralizados para propiciar la llegada de agua superficial a la comarca y deja escrito, pese a los inmensos problemas de agua del Parque, que “Doñana uno de los humedales mejor conservados del mundo”. El Plan de Ordenación que Bruselas vigila y exige cumplir controla las extracciones de agua del acuífero 27, el corazón del Parque, e incorpora un plan de control. Vox, en la misma línea de la iniciativa que registró el Partido Popular hace ocho meses, pide modificar el Plan de la Junta de 2014 de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, la modificación de la ley forestal de Andalucía de 1992 y del reglamento forestal (1997), para ampliar las zonas SAR, es decir las Superficies Aptas para el Riego.
