El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presentó este viernes las partidas para Andalucía del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, unas cuentas que alcanzan los 2.522 millones de euros, «lo que supone la mayor inversión de la historia del Estado en nuestra tierra, con un crecimiento del 2,8% respecto a 2022». Así, acusó a la Junta de «falsear» las inversiones y transferencias que incluyen para la comunidad los presupuestos del Estado de 2023, de los que dijo que suponen una financiación histórica que supera lo que fija el Estatuto de Autonomía por tercer año consecutivo.

Fernández argumentó que con la suma de la inversión directa e indirecta del Estado, capítulos VI y VII (inversiones reales y transferencias de capital), «atienden por tercer año consecutivo la inversión prevista en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, equivalente al peso de la población andaluza».

Fernández reivindicó que la inversión del Estado supone un 17,9%, una décima más que el peso poblacional de Andalucía, que es el 17,8%, tras sumar a la inversión real 43,2 millones en transferencias de capital y los 50 millones de euros del Plan de Empleo para Andalucía.

«Se trata de unas cuentas un 56% superiores a las últimas del Gobierno del PP, ya que en 2018 se destinaron 1.477 millones de euros de inversión, es decir, 841 millones más», lo que permitirá «reforzar los servicios públicos que prestan las entidades locales y la Junta de Andalucía», administración que también recibirá «la mayor financiación de su historia, ya que sube un 25,3% respecto a los presupuestos del presente año, con 24.386 millones de euros», según una nota del Gobierno.

Aseguró que «en los cinco años de los gobiernos de Pedro Sánchez, Andalucía habrá recibido un 38,5% más que en los últimos 5 años del gobierno del PP».

«Se trata de unos presupuestos para la gente, para la mayoría social, con medidas para evitar que la subida de los precios derivada de la guerra de Ucrania recaiga con más peso sobre la clase media y trabajadora», añadió el delegado aclarando que «Andalucía, al ser la Comunidad Autónoma más poblada, es también la más beneficiada por el paquete de medidas de alivio económico y fiscal aprobadas por el Gobierno».

En cuanto a la inversión real en infraestructuras del transporte --carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos--, la partida completa asciende a 1.872 millones de euros, un 7,1% más que en 2022, de los que 1.216 millones irán destinados a infraestructuras ferroviarias, 391,6 millones a carreteras y 354 millones a puertos (202,94 millones) y aeropuertos (59,46 millones). En materia de vivienda, hizo referencia a los 423,63 millones destinados a Andalucía entre la anualidad del Plan Estatal de Vivienda (61,38 millones), las actuaciones para la rehabilitación entornos residenciales (241,2 millones). En materia de infraestructuras hídricas se contempla un montante de 226 millones de euros para depuración, abastecimiento y desaladoras, así como 42 millones para regadíos. 

La Junta ve los PGE «insolidarios con las clases medias» y electoralistas

El Gobierno andaluz afirmó, por su parte, que los presupuestos generales del Estado (PGE) son «insolidarios con las clases medias», además de ser «electoralistas» y estar «pensados para el intenso calendario electoral que va a tener nuestro país a lo largo de los próximos meses».

«Más preocupante aún, son unos presupuestos alejados de la situación de incertidumbre económica que viven las familias españolas, el conjunto de nuestro país», añadió en una rueda de prensa en Almería el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP). Esa es la conclusión que, dijo, saca el Ejecutivo andaluz tras estudiar las cuentas del Estado, a lo que añadió que los PGE se «olvidan un año más» del fondo de compensación transitoria que reclaman Andalucía y otras regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana. Reconoció que, tal y como expuso la ministra, las comunidades recibirán más recursos que otros años, pero matizó que es «porque lo marca la ley».