Más de 1,4 millones de personas que viven en Sevilla capital y en 42 municipios de la provincia, de los que 31 pertenecen a la comarca del Aljarafe, tienen a partir de este lunes restricciones de agua para los usos no esenciales, aunque sin cortes de suministro, al activarse el estado de alerta por sequía por las escasez de recursos hídricos en los embalses.

A estos municipios, que tendrán que publicar bandos con las medidas de restricciones con motivo de la alerta por sequía, se sumarán previsiblemente durante octubre los del consorcio Aguas del Huesna, que agrupa a 18 municipios de la provincia y abastece a una población de unos 250.000 habitantes.

Por lo tanto, serán 60 municipios y más de 1,6 millones de ciudadanos de la provincia de Sevilla los afectados durante este otoño por prohibiciones en el uso del agua por la sequía, con lo que no podrán usar agua potable para el riego y baldeo de calles, plazas o recintos públicos o privados, zonas verdes o jardines, llenado de piscinas, fuentes para consumo humano que no dispongan de elemento automático de cierre y limpieza de vehículos, entre otras.

La empresa municipal de abastecimiento de agua de Sevilla Emasesa, que abastece a la capital y a 11 municipios, entre ellos Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, lo que supone una población cercana al 1,1 millón de habitantes, activó este lunes la alerta por sequía, tal como marca el plan de emergencia, ya que los embalses están por debajo de los 268 hectómetros cúbicos (264 hm3, el 40 % de su capacidad de almacenamiento). En esta fase de alerta cada ayuntamiento publicará un bando con las restricciones y sanciones por incumplimientos y se instará a hacer un uso racional y responsable del agua. Para detectar los usos no permitidos susceptibles de penalización, Emasesa realizará inspecciones específicas que, en caso de infracción, se traducirán en expedientes que se remitirán a los ayuntamientos de los municipios donde se produzcan para que estos abran y gestionen el posible expediente sancionador.

Las medidas son similares a las dispuestas por la empresa provincial de aguas de Córdoba, Emproacsa, en su ordenanza de sequía, que afecta a la mayor parte de los municipios de la provincia. La ordenanza debía entrar en vigor el pasado 20 de septiembre, pero quedó retrasada por unas alegaciones presentadas por la empresa Aqualia, con lo que su aplicación efectiva deberá esperar a que se celebre el pleno de octubre de la Diputación de Córdoba.