El Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, reclamó ayer la elaboración «ya» de un plan específico de prevención del suicidio en estas edades y mostró su preocupación por que en muchos casos «se llega tarde». Maeztu presentó el informe correspondiente a 2021 en el Parlamento tras hacer entrega del mismo a su presidente, Jesús Aguirre, y alertó del «retraso» por parte de las administraciones a la hora de abordar esta materia que «tendría que formar parte de la agenda pública».
«¿Vamos a invisibilizar este problema como ocurría con los abusos sexuales?», se preguntó el Defensor, quien advirtió de que la pandemia del covid-19 «ha agravado las patologías y han aparecido otras nuevas» entre los menores.
Recordó que en otras comunidades ya existen planes de este tipo y apostó por basarse en ellos, ya que Andalucía es la segunda región de España en trastornos mentales en personas de entre 14 y 23 años y la tercera hasta los 18.
«Las edades son horribles», sentenció, para añadir que más de la mitad de los problemas de salud mental comienzan antes de los 14 años y que el suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los adolescentes de más edad. Tras asegurar que los déficits en la atención prestada a niños y adolescentes exigen medidas «ineludibles» por parte de las administraciones públicas, Maeztu reclamó que se incremente la lucha contra el «estigma de la enfermedad mental» y se aumenten las medidas de prevención y detección precoz, ya que «se llega al suicidio muy pronto».
Apostó también por la creación de un sistema de información que permita «conocer la realidad y la magnitud del problema», puesto que actualmente no se registran los datos, y pidió aumentar los recursos de atención tanto a nivel hospitalario como de atención primaria, así como programas de acompañamiento terapéutico para que «las familias sepan cómo tratar a esos niños».
El Defensor de la Infancia y la Adolescencia realizó en 2021 un total de 5.871 actuaciones, de las que 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas, en un colectivo que engloba a 1.564.000 niños y jóvenes, lo que supone que el 20% de la población menor de edad de España está en Andalucía.
Se tramitaron un total de 1.846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la institución. Junto a estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.
Maltrato
Entre los asuntos recogidos en el informe, Maeztu destacó la normalidad del curso escolar pese a la convivencia con la pandemia por covid y la «persistencia» de falta de recursos en la atención a los menores con necesidades especiales, algo que «se podría arreglar de un plumazo», opinó. Avisó de que se produjeron 9.346 notificaciones de maltrato, un 51% más que el año anterior, aunque precisó que de ellas el 3,2% fue por violencia sexual, algo que se tiene que seguir «visibilizando» porque se trata de «la violencia invisible» que, en la gran mayoría de los casos, se produce en el ámbito intrafamiliar.
El Defensor demandó que se activen políticas de «justicia climática», un asunto que preocupa mucho a los jóvenes que «sufren porque no se haga nada por evitarlo y no tienen referente ninguno» para marcar su comportamiento en este sentido.
