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Diario Córdoba

UNA DÉCADA DE ESCÁNDALO

Ni olvido ni perdón: la infernal relación del PSOE con los ERE

Los socialistas nunca han pedido perdón por el que se considera "el mayor caso de corrupción de la historia de España" porque siguen sin asumir la verdad judicial, ratificada por el Supremo, de un sistema fraudulento "a sabiendas"

Los acusados de los ERE esperando la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Agencias

La sentencia del Tribunal Supremo esta semana ha vuelto a poner en la primera línea un escándalo de corrupción que persigue al PSOE desde hace más de una década. Aún hoy, el partido no ha sido capaz de mirar de frente al asunto y pedir perdón por el fraude, como le recuerda cada día la oposición política. Ni olvido, las múltiples causas que aún colean en los tribunales no van a permitir cerrar el capítulo. Ni perdón, porque en el PSOE sus dirigentes discrepan de la lectura de la Audiencia de Sevilla y después del Supremo, que confirman el reparto de un fondo de más de 680 millones de euros durante una década (2000-2009). La verdad judicial relata un sistema fraudulento, arbitrario, discrecional, sin controles y sin respetar los principios básicos de la legalidad que debe regir para el reparto de ayudas sociolaborales.

Los socialistas siguen empeñados en defender que ninguno de los altos cargos condenados se enriqueció ni tuvo un beneficio personal y señalan que no hubo intención de defraudar nada sino de agilizar el reparto de ayudas en un momento de cierre de empresas y dura crisis económica. El escándalo de los ERE estalló en 2011. Ha sido una década ominosa para el PSOE andaluz, en la que ha perdido la Junta de Andalucía y ha visto al partido roto y dividido, en un papel de oposición para el que todavía ensayan tras una mayoría absoluta del PP el pasado mes de junio.

Aún hoy, cuando se indaga entre los dirigentes socialistas del PSOE andaluz en los últimos años, algunos protagonistas del escándalo, otros herederos directos, lo primero que llama la atención es que se sienten víctimas más que culpables. La lectura interna, incluso sin micrófonos en abierto, es que fue "una instrucción muy politizada", instigada por el PP y que convirtió en un macro fraude lo que podría haberse quedado en un fraude restringido a “cuatro golfos” de la Consejería de Empleo. Sin embargo, las cúpulas políticas de Presidencia, Hacienda e Innovación cayeron igual que Empleo. La juez instructora, Mercedes Alaya, siempre tuvo claro que quería escalar a “la cúspide de la pirámide”, imputando a los responsables no solo de haber repetido las ayudas sino de haber ideado el sistema de reparto. Lo consiguió y después otras dos instancias judiciales, la Audiencia y el Supremo, han suscrito sus tesis, con solo algunos matices en el voto particular del último tribunal, que duda de que la malversación se pueda extender más allá de Empleo.

Sin conciencia del error

“No tengo consciencia de haberme equivocado” o “el PSOE no tiene por qué acomplejarse o avergonzarse”. Son dos frases de una entrevista a Manuel Chaves en 'El País' después de la condena en la Audiencia de Sevilla, inhabilitado por prevaricación. Es un sentimiento que sigue vivo en el PSOE andaluz, que insiste en defender que no se defraudaron 680 millones de euros, porque la mayoría del dinero llegó a los más de 6.000 prejubilados andaluces que gozaron de esas ayudas sociolaborales. Nunca se ha acotado el fraude con claridad. Habría que sumar los intrusos, unos cien colados de forma irregular en algunos de los ERE financiados con dinero público, las sobrecomisiones a aseguradoras y sindicalistas o las ayudas directas a empresas en crisis (73 millones de euros) que se dieron a dedo y sin cumplir ningún requisito previo, sin fiscalización ni control. La factura fue de 680 millones y el fraude pudo ser de unos 133 millones, según algunas estimaciones no oficiales.

Solo el expresidente José Antonio Griñán se desvió de la versión oficial de que el fraude de los ERE era cosa de “cuatro golfos” de Empleo cuando ante el Supremo admitió que “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude”. Es quizás la única vez que alguien del PSOE andaluz ha admitido en parte las tesis de los jueces. Por lo demás alguna autocrítica limitada a episodios vergonzosos, como que el chófer del exdirector general de Trabajo, hoy fugado de la justicia, aireara que con dinero público compraban cocaína o que las ayudas se daban en un pub de copas, sin mediar trámite alguno. Esa parte más sórdida sí es admitida como “una vergüenza” pero el resto lo reducen a un asunto “de derecho administrativo”.

“En la parte humana es duro. Son personas próximas, amigos, muy cercanos, se pasa muy mal. En la parte política ya estamos acostumbrados”, señala alguien que sigue en la primera línea. El fracaso lo ven en que hubiera gente que se aprovechara del fondo para delinquir o meter la mano pero no en que se ideara un fondo escapando al control y la ley. “Qué red clientelar si eran 6.000 prejubilados, contando a las familias como mucho 60.000 votos, ¿alguien piensa que el PSOE ganaba en Andalucía por eso?”. “Vergüenza ninguna. Nuestro objetivo era proteger a los trabajadores despedidos. La decisión política fue ayudar a los trabajadores. Sí que pudo haber un exceso de confianza por tantos años de gobiernos, inercias que no eran buenas... puede ser pero el PSOE andaluz puede ir con la cabeza alta”, insisten entre los protagonistas de la historia. Por eso nadie ha salido a pedir perdón con todas las letras ni a asumir el relato que ha hecho la justicia. Directamente porque no lo comparten.

Enterrar el pasado

La gestión de la mayor crisis que han sufrido los socialistas en Andalucía se solventó en el primer momento cortando con el pasado y asegurando que no era un asunto que afectara al partido, puesto que nunca nadie encontró ningún indicio de financiación irregular del PSOE. Mientras que el caso avanzaba en manos de la juez Alaya, los socialistas iban poniendo cortafuegos. Primero Griñán dio un paso atrás en la presidencia de la Junta, propició una crisis de Gobierno y sacó del gabinete a todos los altos cargos que habían sido señalados por la justicia y que seguían en el Ejecutivo andaluz. No admitió que se iba asumiendo las responsabilidades de los ERE hasta mucho tiempo después pero era evidente. Así llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía Susana Díaz que abrió una nueva forma de gestionar la crisis. Optó directamente por enterrar el pasado y repetir que iba a pedir responsabilidades sin distinguir los galones socialistas, con su famoso “caiga quien caiga”. Así se pidieron las actas a Chaves y Griñán, diputado y senador, y desde Ferraz, con Pedro Sánchez ya al frente del partido, se ordenó suspender la militancia de cualquier persona afectada por este escándalo.

Vinieron años duros, desde 2016 los imputados estaban fuera del partido pero eso no sirvió para que el escándalo siguiera contaminando toda la actividad socialista, sobre todo en Andalucía pero también en el resto del país. El PSOE andaluz logró superar la prueba de las urnas en 2015 y mantenerse en la Junta pese al alto coste del escándalo. Susana Díaz, que debía pactar su continuidad en la presidencia de la Junta con Cs, un partido abanderado de la regeneración política, asumió un duro discurso contra la corrupción aunque nunca pidió perdón por los ERE, siguiendo el mismo camino que sus antecesores. En los actos del partido se borraron de un plumazo veinte años de pasado. Chaves había sido presidente de la Junta y secretario general desde 1994 a 2009. Griñán había tomado su testigo hasta 2013. El PSOE andaluz comenzó a tener una difícil relación con su pasado que todavía no ha superado. Trató de enterrar su historia pero eso suponía también dejar de reivindicar cualquier avance o gestión positiva de un partido que había contribuido desde el Gobierno a la transformación de Andalucía. No ha sido hasta la última sentencia del Supremo cuando los socialistas han salido sin tapujos a revindicar la honestidad de Chaves y Griñán. Durante años el silencio fue atronador.

El actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, tampoco ha tenido fácil la relación con el pasado. Sus pasos han sido titubeantes. En el congreso regional de su proclamación, en noviembre de 2021, se siguió la técnica de ignorar el pasado. En la campaña de las últimas elecciones autonómicas fue José Luis Rodríguez Zapatero quien reivindicó el “orgullo” socialista para defender que tanto Chaves como Griñán son “personas honestas”.

Con esta mochila se asoma el partido y el Gobierno a una última gestión muy complicada, la tramitación de los indultos que los condenados, al menos ocho hasta la fecha, posiblemente todos los que sumen cárcel por penas de malversación, van a solicitar al Ejecutivo. El PSOE trata a toda costa de desligar este trámite del partido, insiste en que es un derecho individual de cada persona conforme a su trayectoria vital y sus circunstancias. El PP ya tiene frase: “El PSOE indulta al PSOE”. El caso sigue vivo una década más tarde y el ‘y tú más’, con el escándalo Gürtel o la operación Kitchen para el PP hace que el PSOE responda siempre con lo mismo: “Lecciones ni una”.

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