El presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo este martes que no quiere abrir una «batalla judicial» en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de ahorro energético, aunque cree «probable» la invasión de competencias autonómicas, por lo que ha pedido al Gobierno que «vuelva» al diálogo y lo negocie con las comunidades y los sectores afectados.
En declaraciones a la Agencia Efe, Moreno confirmó que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán si hay o no invasión de competencias en unas medidas que considera un «trágala y una imposición» del Gobierno de Pedro Sánchez. «No soy partidario de una batalla judicial. Hay tiempo para que el Gobierno reaccione, vuelva al diálogo y negocie con las autonomías y con los sectores afectados», señaló.
El jefe del Ejecutivo andaluz marcó así distancia con la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recurrirá el decreto ley ante el Constitucional, y negó que Ayuso esté «marcando el paso» político al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, dijo que «entiende» que cada comunidad tenga sus «singularidades» y sus «intereses» y que el decreto afecta «más a unas autonomías, caso de Madrid, que a otras».
La Junta de Andalucía tiene la intención de cumplir el decreto ley de ahorro energético que entrará en vigor esta medianoche, pero Moreno instó al Gobierno a rectificar unas medidas que, a su juicio, responden a la imposición y falta de previsión y planificación, y a la ausencia de consenso con la sociedad y con sectores como el turístico, la hostelería y el de la cultura, además de las comunidades autónomas.
Tras defender la necesidad del ahorro energético, Moreno dijo que está convenido de que se trata de un decreto ley «ideologizado, de un trágala», y esgrimió que el Gobierno debiera haber puesto un objetivo de ahorro y que cada comunidad, en función de sus peculiaridades, tomara las decisiones para alcanzarlo. «Es absurdo tomar una decisión para el conjunto del país con la diversidad térmica que tenemos, desde la cornisa cantábrica al valle del Guadalquivir hay quince grados de diferencia. El Gobierno tendría que haber dejado a las comunidades adaptar el decreto a nuestra peculiaridades», expuso.
El dirigente popular tildó de «insulto a la inteligencia» que Sánchez acuse al PP de negacionismo por pedir la retirada parcial de decreto y le acusó de «utilizar y manosear» el medio ambiente y de «expulsar» a una parte de la población de la lucha contra el cambio climático. «No tiene sentido que en un Estado descentralizado se nos imponga de manera permanente vía decreto ley este tipo de decisiones que molestan a una parte importante de la población. Echo en falta el sentido común y el diálogo en el Gobierno de Sánchez», lamentó.
Poco antes, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, afirmó que la Junta de Andalucía cumplirá el decreto ley de ahorro energético, pero tiene dudas sobre si invade competencias autonómicas, por lo que se da tres meses para que los servicios jurídicos lo estudien y decidir si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional.
