La Junta de Andalucía contabiliza en estos momentos unos 21 millones de euros recuperados y otros 1,9 millones «reconocidos» pero pendientes de pago, fruto de sus actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y la Justicia, en demanda del reintegro de ayudas de diversa índole abonadas años atrás con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L y mediante el mecanismo por el cual la Audiencia de Sevilla condenó a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el primero exclusivamente por prevaricación y el segundo además por malversación, una condena ratificada ahora por el Tribunal Supremo.

En rueda de prensa, el consejero Antonio Sanz explicó que una vez que previsiblemente en septiembre el Tribunal Supremo difunda al completo su sentencia sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que condena a los expresidentes Chaves y Griñán, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas directas y arbitrarias a empresas, el actual Gobierno andaluz evaluará el asunto para fijar «la posición de la Junta». Y es que, como precisó, hasta el momento el Supremo sólo ha «adelantado» su «fallo» respecto a los citados de recursos de casación, confirmando la condena a los citados expresidentes.

Después de que la Sección Primera de la Audiencia, en su sentencia inicial, cuantificase en 680 millones de euros el montante global de los créditos presupuestarios canalizados mediante «el mecanismo inadecuado» de las transferencias de financiación, para ayudas sociolaborales a trabajadores, subvenciones a empresas en crisis y ayudas para «fines completamente ajenos», el consejero ha explicado que la Junta ha «podido recuperar» hasta ahora unos 21 millones de euros.