Once años después del inicio de las diligencias del caso ERE, y ante la previsión de que en los próximos días e incluso este martes se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre una causa que afecta a una década del Gobierno andaluz, la Agencia Efe ofrece las claves de uno de los juicios más importantes de la democracia.
El 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y a seis consejeros por la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos.
La Audiencia de Sevilla condenó a diez de los altos cargos a penas de entre seis y ocho años de prisión, uno de ellos Griñán (seis años y dos días), y al resto solo a inhabilitación.
El juicio sobre la pieza política de los ERE, que sentó en el banquillo de los acusados a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 19 altos cargos, comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después tras celebrar 152 sesiones, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos.
En esta pieza se juzgó la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
El sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización. El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada «fondo de reptiles» por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto, que murió en octubre de 2020.
La investigación judicial de la macrocausa arrancó en 2011 en el Juzgado 6 de Sevilla y la primera instructora fue la magistrada Mercedes Alaya, que estuvo sometida a una gran presión y que fue cuestionada por su forma de dirigir la investigación, aunque fue sustituida por su acenso a la Audiencia Provincial por María Núñez Bolaños, quien tampoco ha estado al margen de críticas, y terminó siendo sustituida por el juez José Ignacio Villaplana.
La jueza Alaya abrió diligencias el 19 de enero de 2011 a raíz de las presuntas irregularidades en un ERE en Mercasevilla que derivó en indicios de un fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.
El caso Mercasevilla investigaba la grabación de los empresarios del Grupo La Raza de Sevilla a dos altos cargos de Mercasevilla que les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería. La grabación cayó en manos de Alaya, que imputó al delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y tirando del hilo indagó en otras empresas, además de en Mercasevilla, sobre la posibilidad de que hubiera intrusos en los ERE: personas que cobraban ayudas y que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en las sociedades que las recibieron.
El 9 de enero de 2012 Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar «cocaína, fiestas y copas». En su declaración ante Alaya, Guerrero implica a «todo» el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el «fondo de reptiles», y el 10 de marzo de 2012 se convierte en el primer imputado que ingresa en prisión.
El caso de los ERE se cobró su principal víctima política y el 27 de agosto de 2013 José Antonio Griñán, que insiste en su inocencia, dimite como presidente de la Junta de Andalucía y es sustituido por Susana Díaz. Un mes después, Alaya «preimputa» a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. En noviembre de 2014, el Tribunal Supremo abre una causa contra los expresidente de la Junta y otros aforados como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE. En mayo de 2016, el juez de refuerzo Álvaro Martín procesa a 26 exaltos cargos, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el que se conoce como juicio por el «procedimiento específico» de los ERE.
En febrero de 2017 la Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán, al argumentar que el primero conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era «consciente de las vulneraciones patentes y groseras» que se estaban cometiendo
El 13 de diciembre de 2017 arranca el juicio por el «procedimiento específico» contra los 22 exaltos cargos con la agotadora lectura de los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares del PP y del sindicato Manos Limpias. Toda una época del Gobierno andaluz se sienta desde este día en el banquillo de los acusados.
La vista oral finaliza el 17 diciembre de 2018 y, casi un año después, el 19 de noviembre de 2019 se comunica la sentencia. Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes Griñán, con seis años de cárcel y quince de inhabilitación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación. El 4 de mayo de 2022, el Supremo celebró la vista por los recursos contra el fallo por el que la Audiencia de Sevilla.
