El 39% de los expedientes fiscalizados por la Cámara de Cuentas sobre contratos de emergencia realizados por la Junta de Andalucía en 2018 y 2019 no eran justificados, ya que no se acredita la concurrencia de los supuestos necesarios para emplear este régimen excepcional en la Administración.

Este dato se desprende del informe de fiscalización de la contratación pública de la Junta realizado por la Cámara de Cuentas sobre los ejercicios de 2018, con un gobierno socialista, y 2019, el primer año del bipartito PP-Cs, con una muestra de algo más de la mitad de los contratos que se hicieron y del importe gastado.

La Cámara de Cuentas considera que en el 39% de los casos la tramitación de emergencia se ha empleado para cubrir necesidades que podrían ser consideradas urgentes, pero no se acredita que hayan surgido de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o que afecten a la defensa nacional, por lo que no se justifica la utilización de la contratación de emergencia.

La Junta tramitó 182 actuaciones por vía de emergencia en estos dos años, de las que 97 se hicieron en 2018 por 43,2 millones, y otras 85 en 2019 por un montante de casi 43,8 millones. El 55% de esos contratos fueron de obras, que suponen 45 millones, y 81 de servicios, que suman 42 millones.

En la mitad de los supuestos analizados por la Cámara de Cuentas no queda justificado que no se hubiesen podido remediar los daños con otros procedimientos «menos restrictivos», como son la tramitación abreviada o urgente, que permite reducir los plazos.

Además, en el 32% de los expedientes no queda acreditado que la totalidad de las obras fueran indispensables para aliviar o evitar los daños derivados del acontecimiento catastrófico. La Cámara de Cuentas añade que incluso en algunas se pudo exceder el daño causado y que se aprovecharan para modernizar o mejorar instalaciones o infraestructuras necesitadas de mantenimiento.

Casi el 37% de las actuaciones fiscalizadas obedecen a una necesidad que fue «previsible y no sobrevenida», por lo que recurrir a la tramitación de emergencia «respondió más a la carencia de una diligente planificación o programación» que a la concurrencia de alguna de las circunstancias que la permiten.

El órgano que tramitó un mayor número de contratos de emergencia fue la Consejería de Fomento, con casi un 54 % y el 68% del importe.

Salvo en los contratos tramitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la generalidad de los expedientes no se ha obtenido una evidencia documental de que el órgano de contratación haya comprobado con carácter previo la capacidad del contratista, su solvencia y el no estar incurso en ninguna prohibición, que son requisitos sin los que no puede celebrarse ningún contrato.

La Cámara de Cuentas considera que, salvo estos incumplimientos, la actividad contractual desarrollada por los órganos de contratación de la Junta a través de la tramitación de emergencia durante estos dos ejercicios «resulta conforme en los aspectos significativos con la normativa aplicable».

Por otra parte, otro informe de la Cámara de Cuentas, dedicado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) del ejercicio 2019, señala su «opinión favorable respecto a la fiscalización financiera» aun cuando pone de manifiesto que «los servicios provinciales de la empresa mantienen en sus almacenes existencias de material fungible y de productos farmacéuticos adquiridos, contabilizados y enviados por las plataformas logísticas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que no se encuentran contabilizadas».