El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha insistido este jueves en que las competencias para la "inspección y seguimiento" de la empresa Magrudis, responsable del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la entidad pese a estar contaminada con dicha bacteria, corresponden al Ayuntamiento hispalense, al que juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha declarado responsable civil en la causa penal incoada contra los dueños de la citada empresa.
En una entrevista en Canal Sur Radio, Jesús Aguirre ha defendido que durante aquella crisis de 2019, para su departamento "lo prioritario" fue "atender" a los afectados del brote, saldado con más de 200 personas afectadas, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.
Como consecuencia de ello, el juzgado de instrucción número diez de Sevilla ha ordenado continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra el administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez; su padre y administrador de hecho de la entidad, José Antonio Marín Ponce; su otro hijo, Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez Jiménez como esposa de Sandro José, la inspectora veterinaria municipal María José O.B.; y las sociedades Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, al tiempo que declara responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la Compañía de Seguros AXA.
Valoración
A tal efecto, el consejero ha defendido que aunque en aquellos momentos "pareciese que la culpa la tenía la Consejería" de Salud, su departamento era "un convidado de piedra", porque el Ayuntamiento de Sevilla "tenía toda la capacidad y funciones para la inspección" de la citada empresa.
"Desde el primer día, sabíamos que la competencia de inspección y el seguimiento de establecimientos alimentarios era del Ayuntamiento", ha defendido, señalando que así sucede en las capitales de Granada, Málaga y Sevilla.
Desde 2013
La empresa, según la investigación, habría comenzado a funcionar en 2013, sin darse de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, extremo que habría realizado entonces sin autorización municipal, detectando el juzgado "una actuación deficitaria y anormal del servicio público" municipal de inspección.
Así, el consejero ha reiterado que la inspección de la empresa era una "competencia municipal": "No hemos podido entrar ni una vez en Magrudis. Yo llamé al Ayuntamiento y no había personal. Estaban de vacaciones en la inspección esa quincena y no tuve apoyo del Ayuntamiento", ha enfatizado el consejero, señalando que el juzgado instructor ha detectado una "posible dejación de funciones" con relación al Consistorio.
