El Gobierno de España ha remitido una carta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en la que recuerda que la Junta de Andalucía carece de competencias para ampliar «unilateralmente» los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana y avisa de que presentará recurso de inconstitucionalidad si continúa adelante.
La misiva fue remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que previamente recabó información técnica del Ministerio para la Transición Ecológica tras la alarma generada en las instituciones europeas por la reciente aprobación el pasado 9 de febrero en el parlamento autonómico andaluz de una proposición de ley que ampliaría las hectáreas de regadío en el entorno de Doñana.
La iniciativa, que salió adelante con los votos del PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE, insta a tramitar por la vía de urgencia la regulación de unas 1.500 nuevas hectáreas de cultivos en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado -todos ellos en la provincia de Huelva- para «poner orden y amparar jurídicamente con todas las garantías» la actividad agrícola en la zona, según el gobierno tripartito andaluz.
Por otra parte, el vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, responsabilizó al Gobierno central de la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana por no haber ejecutado un trasvase aprobado.
En un acto en Cádiz, Marín señaló que mira «con asombro» la decisión del Gobierno de España de recurrir ante el Tribunal Constitucional el proyecto legislativo de PP, Ciudadanos y Vox que pretende regular la ampliación de la zona regable de Doñana.
«El Gobierno es el que tiene la solución. Es muy simple, hay un trasvase aprobado que no se ha ejecutado. Hagan su trabajo y los agricultores tendrán garantizada el agua y Doñana no sufrirá», afirmó.
