Algo más de 2,2 millones de personas en Andalucía, el 26,3 por ciento de la población andaluza, se encuentran en situación de exclusión social, y de ellas la mitad, 1,1 millones, en exclusión severa, según ha advertido este jueves Cáritas, que ha pedido políticas urgentes que reviertan esa situación.
Cáritas regional de Andalucía ha presentado su informe Exclusión y desarrollo social en Andalucía, documento basado en una encuesta efectuada en 616 hogares y a 1.500 personas -el trabajo de campo ha llamado a la puerta de algo más de 2.400 hogares-, que concluye que solo el 42% de los hogares andaluces «participan con normalidad en la sociedad» frente al 49,3% que lo hacía en 2018.
El informe, referido al año 2021, refleja los efectos socio-económicos que ha tenido en la sociedad andaluza el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus y sitúa a ese año en el peor desde que este informe se efectúa exceptuando 2014, pico de los resultados negativos de la crisis económica.
Cáritas también ha detectado que en Andalucía hay 475.000 personas que sufren falta de acceso a medicamentos o tratamientos médicos por problemas económicos y que algo más de 400.000 familias quedan en situación de pobreza severa una vez que efectúan el pago de la hipoteca o el alquiler de la vivienda.
Ante esta situación, el presidente de Cáritas de Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, ha pedido que los servicios sociales públicos «dejen de ser los grandes olvidados» y que esos servicios sociales deben estar «al mismo nivel que la Educación y la Sanidad» en la región para afrontar una situación social pospandémica que otros responsables de Cáritas han comparado con «el Titanic» o con un «tsunami». Igualmente solicitó el mantenimiento permanente de las medidas extraordinarias adoptadas para paliar los efectos sociales de la pandemia, desde el convencimiento de que, como sucedió tras la crisis económica, las condiciones que se pierden en periodos de crisis no se recuperan en los siguientes de bonanza económica.
Pérez de Ayala ha afirmado que «en una ciudad como Sevilla hay zonas donde se atiende a las personas hasta con tres meses de espera, los profesionales se encuentran sobrepasados y solo se atienden necesidades muy básicas y en cuantías irrisorias».
El presidente de Cáritas en Andalucía también ha rechazado que las ayudas sociales a los más desfavorecidos los desincentiven en la búsqueda de empleo o de soluciones para afrontar su situación de pobreza, y aseguró que en ocho de cada diez hogares afectados por pobreza o situaciones de exclusión «la activación es fuerte».
