El Gobierno de España avanzó este viernes que prepara un Perte agroalimentario que incluirá al entorno de Doñana y pidió al PP y Cs que retiren la propuesta que amplía las superficies de regadíos en la zona, iniciativa -advirtió- que repercutirá a Andalucía si se producen sanciones de la UE. La medida y las advertencias las planteó el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, después de reunirse con la plataforma Salvemos Doñana y con los grupos parlamentarios del PP, Cs, Unidas Podemos y, telemáticamente, con el PSOE. Vox, según el Gobierno, no respondió a la invitación.
«Los andaluces deben saber que la iniciativa, de aprobarse, con toda probabilidad va a suponer una sanción económica que van a tener que pagar los ciudadanos», señaló Enrique Santiago. En su opinión, la propuesta de ley de PP, Cs y Vox, que respalda la Junta, «francamente no compensa, no es la solución y si un problema evidente». Por ello, comunicó a los grupos que la iniciativa, que recoge la ampliación de regadíos en unas 1.500 hectáreas en la zona norte del entorno de Doñana, no siga adelante, porque es «claramente contraria a la ley, a dos directivas europeas» así como a normas propias de la Junta de Andalucía y al desarrollo sostenible.
Como alternativa, Enrique Santiago trasladó a los grupos la aplicación de un Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario con fondos europeos que incluirá a Doñana y prepara el Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030. El proyecto, según detalló en rueda de prensa la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, permitiría conciliar una actividad económica y productiva que genere empleo con la sostenibilidad medioambiental del entorno de Doñana, por lo que pidió a la Junta que retire la propuesta.
PP y de Ciudadanos no cambian
El PP y Cs mantuvieron sus posiciones en defensa de la propuesta que amplia los regadíos en la Corona Norte de Doñana. El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, explicó que su formación ha planteado al secretario de Estado la versión de los que tienen «derechos históricos y contribuyen» a la conservación en la zona.
El PP - según Nieto- defiende el diálogo y una solución que «garantice» el futuro de Doñana y que «no sea a costa de criminalizar» el desarrollo de la provincia y la agricultura en Huelva, aunque también dijo que su partido «va de la mano» de los agricultores y de los alcaldes afectados, la mayoría socialistas, concretó.
Ciudadanos, a través su diputado Julio Díaz, sostuvo en Huelva que la polémica en torno a la regulación de regadíos es «muy artificial» y culpó al PSOE-A de haber «creado» el problema en el 2014 con el Plan de la Fresa en el que «eludió» escuchar a agricultores que «tenían derechos históricos». «Queremos reordenar los regadíos en las zonas anexas a Doñana, pero no dentro de Doñana para que cuando haya trasvase llegue el agua en superficie y se recupere el acuífero de Doñana».
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, estimó que no cree que haga falta llegar al Tribunal Constitucional en este asunto, como apunta la Ministra de Medio Ambiente, «si hacen las cosas bien». Espadas sostiene que si el Gobierno andaluz quiere acometer cualquier revisión de los regadíos tiene que sentarse con las administraciones afectadas, convocar al Consejo de Participación de Doñana, decir cómo lo va a hacer y tener los informes preceptivos para poderlo hacer.
Teresa Rodríguez y la Unesco
Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, resaltó este viernes la necesidad de proteger el Parque de Doñana «para garantizar su futuro mañana» antes de reunirse con la Unesco en Madrid para buscar una alianza que frene la legalización de regadíos en el parque.
