El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto ley que contempla el desarrollo de seis líneas de incentivos que prevén alcanzar los 25.000 beneficiarios con una inversión europea de 167,7 millones a lo largo del próximo año. Con esta normativa se da luz verde a la puesta en marcha en Andalucía de los programas que van a permitir implementar el plan europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se financia con cargo a los fondos Next Generation y van a favorecer la contratación de distintos colectivos, así como al mantenimiento de empleo y el desarrollo de proyectos emprendedores enclavados en la economía verde y digital.
Entre los beneficiarios se encuentran jóvenes desempleados; mujeres de los ámbitos rural y urbano en poblaciones de menos de 5.000 habitantes; colectivos vulnerables como personas con discapacidad, parados de larga duración o inmigrantes; o microempresas, autónomos y cooperativas en proyectos relacionados con la economía verde y la digitalización.
Habrá pagos anticipados al 100% en los seis programas de la consejería de Empleo
Se trata de un paquete de seis programas que ejecutará la consejería de Empleo, con pagos anticipados del 100% del incentivo, ha informado la Oficina de Comunicación de la Junta.
Primera experiencia y jóvenes parados
La primera medida, el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas y presupuestada con 29,11 millones, persigue proporcionar a desempleados menores de 30 años que hayan finalizado su etapa educativa una primera experiencia profesional. Para ello, se financia la ocupación de los jóvenes bajo la modalidad de contrato en prácticas en las administraciones y entidades del sector público andaluz y se contempla un incentivo que oscila entre los 1.783 euros por mes y persona y los 2.675 euros.
El segundo programa incluido en el decreto-ley, denominado Investigo y dotado con 38,88 millones, también se dirige a la contratación de desempleados menores de 30 años para la realización de iniciativas de investigación e innovación, preferentemente en ocupaciones referidas a sanidad, transición ecológica, economía verde, así como a digitalización de servicios y 'data science'.
El incentivo para contratar a jóvenes parados oscilará entre los 1.783 euros y los 2.675 euros por mes y persona
Las subvenciones sufragarán los costes laborales y salariales de la contratación a jornada completa, por un período mínimo de 12 meses y máximo de 24, de jóvenes inscritos como demandantes de empleo en el SAE en el momento de comenzar la relación contractual. La subvención oscila entre los 22.405 euros por persona y año y los 33.108 euros.
Apoyo a mujeres en municipios pequeños
La tercera medida, financiada con 16,22 millones, es el programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, y con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional. El SAE financiará los costes salariales del personal técnico que desarrolle este programa, con 32.135 euros por técnico y año, y las participantes recibirán una ayuda de 515 euros una vez finalizada su participación en un itinerario.
Por otro lado, se contempla la puesta en marcha de proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, destinados a promover la inserción laboral y la atención personalizada a través de proyectos integrales que incluyen acciones de orientación y formación y que cuentan con un presupuesto de 40,23 millones.
Se apoyará la contratación de mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social
Los destinatarios son las personas con discapacidad, desempleadas de larga duración (12 meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, personas desempleadas en riesgo de exclusión y perceptores de prestaciones. La cuantía de la subvención será de 6.000 euros por cada participante que concluya el itinerario personalizado que se le haya diseñado.
La quinta medida se destina al mantenimiento del empleo de los trabajadores por cuenta ajena contratados por microempresas y autónomos, así como los socios-trabajadores y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, con una dotación presupuestaria de 10 millones. Se trata de una ayuda de 4.500 euros a tanto alzado para compensar parte de los costes salariales de los asalariados durante seis meses.
En esta misma línea la sexta medida, denominada transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital, incluye un presupuesto de 33,3 millones.
Velasco: El barrido normativo favorece la competitividad»
El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, garantizó que las tres reformas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria suponen un «barrido normativo que favorecerá la competitividad del tejido productivo». «Una economía llena de regulaciones no funciona», apostilló el consejero tras el Consejo de Gobierno, que aprobó ayer el tercer decreto de simplificación administrativa desde el 2019, que han permitido hasta ahora simplificar más de cien normas que afectan a los ciudadanos y a los inversores en su relación con la administración. Velasco espera que el parlamento andaluz convalida el 22 de diciembre esta norma: «Quien no lo apoye va contra Andalucía», aseguró.
El Consejo de Gobierno también aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) como la norma básica para situar a Andalucía «a la vanguardia de un modelo económico dirigido a la sostenibilidad y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales».
