Los estudiantes de las universidades de Andalucía están llamados a secundar este jueves 18 de noviembre un paro académico contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria, conocidas como las 'reformas Castells', en alusión al titular de la cartera del Ministerio de Universidades.
La huelga, que es a nivel estatal, ha sido convocada por el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), y las organizaciones Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes. Y está previsto que suponga el inicio de un calendario de movilizaciones contra las dos normas planteadas por Manuel Castells.
En este sentido, los estudiantes consideran que la LOSU no avanza con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 en materia estudiantil, "abandonando las políticas de fomento de la participación y garantía de los derechos del colectivo". "A su vez, tampoco avanzará en materia de precios públicos, becas o democratización universitaria, quedando anclada en la reforma de principios de siglo", critican.
Informe desfavorable
El CEUNE se sumó a las movilizaciones este martes después de que su Pleno, en una sesión presidida por el Ministro, emitiera un informe desfavorable a la LOSU y se ha sumado y se sumara a la oposición mostrada a la enmienda presentada por Esquerra Republicana, Unidas Podemos y PSOE, que eliminaría de la Ley de Convivencia Universitaria el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley, el cuál sí recibió informe favorable por parte del órgano estudiantil que preside el Ministro.
De esta forma los principales proyectos normativos del Ministerio se quedan sin el apoyo universitario mayoritario. Los estudiantes han manifestado ante Castells que "el proyecto de ley de universidades no avanza de forma firme y clara en la cogobernanza universitaria, quedando estancado en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), actualmente vigente, y sin proponer una mejora universitaria".
Tampoco avanza la "ley Castells", en opinión del CEUNE, en "solucionar los principales problemas del estudiantado, como la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos o la falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios, ni incrementará las vías de participación estudiantil en la toma de decisiones o en la vida universitaria".
