CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta de Andalucía crea un protocolo para prevenir agresiones en la Justicia

Se trata del primer protocolo de este tipo que se aprueba en España y busca evitar las situaciones conflictivas | El documento quiere adelantarse a este tipo de problemas que puedan afectar la personal funcionario

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / CÓRDOBA / ARCHIVO

EUROPA PRESS

SEVILLA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde este miércoles al primer protocolo específico en España para prevenir y actuar ante agresiones externas que pueda recibir el personal funcionario de la Administración de Justicia en el ejercicio de su trabajo. Según la Junta, Andalucía se convierte de este modo en la primera comunidad autónoma que va a contar con esta herramienta, que persigue evitar y tomar medidas ante situaciones conflictivas, como ya se hace en otros servicios públicos.

El documento, diseñado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, pretende cubrir y adelantarse a los conflictos en los que pueden verse inmerso el personal funcionario de Justicia en las relaciones establecidas con la ciudadanía que acude a los diferentes órganos judiciales.

En primer lugar, se establece la obligación de realizar una evaluación de los riesgos por violencia externa en todos los puestos de trabajo, para la adopción de las medidas que procedan en función de los resultados de los riesgos detectados y según el tipo de actividad desarrollada en cada modelo de puesto de trabajo. Sin perjuicio de las medidas concretas que puedan adoptarse en función de los riesgos evaluados, el protocolo contempla también medidas de carácter general para prevenir la violencia externa, como evitar aislamiento, físico y horario; disponer mobiliario adecuado al nivel de riesgo; zonas de espera apropiadas y confortables para el público; asegurar una adecuada gestión de colas y de esperas; monitorizar las entradas, salidas y zonas de mayor riesgo; disponer una información clara a los usuarios sobre derechos, obligaciones, horarios, consecuencias de los actos agresivos, y desarrollar un plan de formación específico para el personal sobre el manejo de situaciones conflictivas, entre otras medidas.

Por otra parte, el protocolo comprende una serie de pautas o actuaciones generales a seguir por el personal funcionario, ante una agresión ya sea verbal, gestual o física directa, tanto durante el momento en el que se produce como una vez haya tenido lugar la misma. Para ello, incluye una guía básica de orientación jurídica.

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