El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado la petición de seis años de cárcel que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, en el marco del proceso por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de dicha entidad, y ha subrayado que «esta es la herencia que nos dejó el PSOE-A».
La Fiscalía ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio en el que figuran como investigados el exdirector de la entidad Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la misma Ana Valls; solicitando seis y cuatro años de cárcel respectivamente. Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha manifestado este viernes su «apoyo» al trabajo que desarrolla la Justicia. Espadas indicó que, «en relación con decisiones de la Justicia», hay que «estar en el apoyo al trabajo y las decisiones finales que se tomen por parte de ésta». «Creo que es lo que toca, y esperar la culminación de esos procesos judiciales», ha añadido.
En cuanto al PP-A, este pidió a Juan Espadas, que termine con la «omertá» en su partido y dé instrucciones para que los ex altos cargos que aún tienen que pasar por la comisión de investigación de la Faffe «colaboren y cuenten todo lo que sepan». «Espadas tiene que demostrar ahora que tenemos realmente un nuevo PSOE útil y comprometido con la transparencia, y no una reedición del socialismo de siempre», ha señalado el PP.
Comparecencia de Torres
Este pasado jueves compareció el director general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, Alejandro Torres, ante la comisión de investigación sobre la Faffe del Parlamento de Andalucía en su condición de letrado jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Empleo entre octubre de 2014 y abril de 2019. Torres argumentó que la extinción del derecho de reintegro de las ayudas concedidas por la Faffe, por la llamada confusión entre la personalidad jurídica de acreedor y deudor al disolverse e integrarse en el SAE, «es dogmática». «Quiero dejar claro que el informe del Gabinete Jurídico sobre la extinción del reintegro por confusión (entre acreedor y deudor) en los expedientes se cerraron por la imposibilidad de reintegrar, pero también es necesario determinar a dónde habían ido los fondos», ha sostenido el hoy alto cargo de la Consejería de Hacienda. «Lo relevante es el análisis caso por caso para ver si las cantidades se destinaron al fin de las subvenciones o a otras finalidades distintas, pero dentro de las propias de las administraciones públicas», ha proseguido explicando para añadir «no hay menoscabo si, pese a que haya desplazamiento patrimonial, se hace de un ente público a otro»
