El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha situado entre los grandes retos del sistema judicial ganar en credibilidad para frenar el «descrédito» derivado de su politización (como, dice, ha evidenciado la renovación del CGPJ), y también de la disparidad de criterios en los pronunciamientos sobre la pandemia.

Durante el acto de apertura del año judicial en Granada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía defendió un poder judicial al margen de partidos, y urgió a revertir la situación actual aportando al órgano de gobierno un ámbito de «independencia real y perceptible», una tarea ardua, reflexionó, porque la voluntad política «parece transcurrir en sentido contrario».

Del Río, que advirtió de la «clara sensación de descrédito, desafección y distanciamiento de la ciudadanía» que conlleva «el permanente debate político en torno a la justicia», también puso el acento en la necesidad de ganar credibilidad interna. Para ello consideró esencial garantizar a los ciudadanos «una mínima uniformidad y seguridad jurídica, procurando evitar decisiones dispares ante asuntos similares», como ha sucedido, recordó, con una serie de pronunciamientos contradictorios en torno a las medidas planteadas para luchar contra la pandemia. Aunque admitió que el derecho «no es una ciencia exacta» y que la coherencia de las decisiones judiciales depende de la legislación vigente, consideró que «la diversidad interpretativa es difícilmente entendible ante situaciones sumamente similares».

Al reto de la credibilidad sumó el de ganar en eficiencia en el plano organizativo, legislativo y tecnológico, para lo que reclamó ayuda tanto autonómica como estatal. Para Andalucía pidió la plena materialización del Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia, continuar el desarrollo de las nuevas tecnologías y mejorar las infraestructuras judiciales y la gestión de los recursos humanos, y confió en que la Junta aproveche los fondos europeos del Plan de Recuperación «New Generation EU» para avanzar en la digitalización. Reclamó también la ampliación de plazas judiciales para los tribunales de Andalucía, con una tasa de litigiosidad superior en un 10% a la media nacional.

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, aseguró que el período de confinamiento mostró las «carencias» de la justicia para hacer su trabajo de forma digital, que no está preparada para el teletrabajo y que necesita inversiones.

Marín anuncia 12 nuevas unidades, una para Córdoba

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, explicó ayer, durante su asistencia al acto de apertura del año judicial, que su consejería ha solicitado al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de 12 nuevas unidades judiciales para Andalucía antes de que acabe el año y destacó el «importante esfuerzo» por la Justicia del Gobierno andaluz con la creación de estos nuevos órganos y la recuperación del Plan para la Reactivación de la Administración de Justicia tras el verano. De hecho, se ha solicitado al Ministerio de Justicia el doble de lo que inicialmente se había planteado para este año. Las 12 unidades solicitadas (nuevos juzgados y nuevos magistrados) serán: una para Granada, una para Almería, una para Córdoba (una plaza de magistrado/a para la Sección 3ª de la Audiencia Provincial), dos en Sevilla, tres para Cádiz y cuatro para Málaga.