Andalucía ha dado un paso más en la defensa de la diversidad y los derechos humanos al convertirse en la segunda comunidad de España con potestad para personarse de oficio como acusación en los procedimientos judiciales sobre delitos de odio.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, detalló en comisión parlamentaria que la disposición adicional décima incluida en la Ley de Infancia y Adolescencia, en vigor desde comienzos de septiembre, «es la herramienta legal que permite a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía perseguir ya estos delitos y discursos de odio basados en la intolerancia hacia diversos colectivos por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad», según detalló la Junta de Andalucía en un comunicado.
La consejera apuntó que «los ataques y discursos contra el colectivo Lgtbi no solo afectan a la víctima, sino que suponen un daño a toda la sociedad porque se lanza un mensaje de miedo, por eso hay que pararlos», e insistió en que «la escalada de delitos de odio y violencia contra estos colectivos debe avergonzarnos como sociedad Y ha lamentado que se trate de unos delitos infradenunciados, ya que solo una de cada diez víctimas denuncia, «según constatan los diversos informes».
Así, señaló que «la falta de denuncia invisibiliza y normaliza esas agresiones, y por eso los poderes públicos hay que actuar con contundencia y acciones concretas para erradicar estas conductas, que no venza el odio y esos delitos queden impunes».
Ruiz ha resaltado que los últimos datos regionales disponibles, relativos a 2020, reflejan que Andalucía es una de las comunidades con menos delitos de odio de España: 1,8 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional de tres casos. No obstante, la consejera ha puesto el acento en que aunque durante el pasado ejercicio se constata una reducción media del 17,9% en el número de denuncias presentadas en 2020 respecto a 2019, motivada sobre todo por el confinamiento, los casos por delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género apenas se redujeron un 0,4%, pasando de 278 a 277, e incluso aumentaron las denuncias contra personas con discapacidad o por antigitanismo.
Para la responsable de políticas sociales, «entendemos que es nuestra obligación actuar ante esta realidad; y los andaluces deben saber que su Gobierno los defenderá siempre y en todo lugar», al tiempo que ha pedido «unidad de las distintas administraciones e instituciones y alejar estas agresiones de debates partidistas».
Deber de personarse
La Disposición adicional décima de la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia, en vigor desde el pasado 27 de julio, establece que la Administración de la Junta «deberá personarse» en los procedimientos sobre delitos de odio a los que se refiere el artículo 510 y el 510 bis del Código Penal, cometidos en Andalucía, en los que se cause la muerte a personas por razón de su pertenencia a uno de los grupos previstos en este precepto legal, o en los procedimientos de especial gravedad o con gran repercusión social, de forma debidamente justificada. Asimismo, apunta a que la administración regional «podrá personarse» en el resto de procedimientos sobre delitos de odio una vez que se formule la denuncia y los servicios jurídicos analicen y justifiquen esa actuación.
La comunidad andaluza, tras Madrid, se convierte pues en la segunda región en perseguir de oficio este tipo de agresiones y delitos. La norma andaluza incluye además como novedad que la propia Junta «garantizará la formación y apoyo técnico adecuado, en materia de delitos de odio, a los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Durante su intervención, Ruiz ha apuntado a la educación en igualdad y respeto a la diversidad como «la mejor vacuna contra este tipo de actuaciones y discursos de odio». «Es la clave para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y más libre», señaló.
