La Fiscalía ha solicitado la revocación del tercer grado penitenciario concedido a Juana Rivas y que le permitió abandonar el pasado 15 de junio el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir en su domicilio con control telemático la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por la sustracción de sus dos hijos menores.
El abogado de esta madre de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, censuró ayer que la Fiscalía haya hecho esta petición al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pues «en términos sencillos», lo que se pide es que Juana Rivas «ingrese en prisión», lo que calificó como un «acto más de violencia institucional judicial» contra su clienta. Aránguez defendió así en un comunicado que, tal y como lo estimó la Secretaría de Instituciones Penitenciaras a propuesta de la Junta de Tratamiento del CIS Matilde Cantos, «se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la legislación para conceder el tercer grado penitenciario».
Junto a ello, mostró su «perplejidad» con que «casi un mes después de adoptarse esta decisión -que permitió a Juana Rivas salir del CIS- se solicite su revocación, justo cuando está pendiente de resolverse un indulto del que -según agregó- indebidamente informaron negativamente el juez y el fiscal adscritos al Juzgado de lo Penal 1 de Granada, siendo claro que la competencia corresponde al Tribunal Supremo». Esto se produce porque fue el alto tribunal el que dictó sentencia estimando su recurso y reduciendo la pena de Juana Rivas a la mitad, de cinco a dos años y medio de cárcel. «Ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo ni la Fiscalía del Tribunal Supremo han emitido a fecha de hoy su informe, que por supuesto puede ser favorable o desfavorable a nuestras pretensiones, pues no están vinculados a la opinión tan extrañamente emitida por el juez y fiscal de Granada», clamó.
