El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla la causa seguida contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros miembros de la antigua cúpula del sindicato por un presunto fraude de subvenciones de la Junta de Andalucía. Los investigados, además de Fernández Sevilla, son el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín; la antigua responsable del departamento de Compras; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados, Enrique Goicoechea, y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato, a las que se considera cooperadores necesarios.
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil por los 40,7 millones de euros correspondientes a 14 expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para realizar más de 2.000 cursos o actividades de formación. Reclama que estos acusados indemnicen solidariamente a la Junta con los 40.750.047,74 euros supuestamente defraudados e incluye a UGT-A como responsable civil subsidiaria por esta cantidad y responsable solidario en las multas.
En una providencia dictada el 12 de mayo, el juez instructor recuerda que ya finalizó el plazo para que las partes presentaran sus escritos, de ahí que el procedimiento deba ser remitido a la Audiencia Provincial para que designe la Sala que se encargará de enjuiciarlo. El 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A. Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el 3 de diciembre de 2019, el instructor procesara a los investigados, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En ese auto de procesamiento, el juez determinó que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical ascendía a 40.750.047,74 euros. El instructor relata que hay pruebas de que entre 2009 y 2013 hubo «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores» para «facilitar» al sindicato «una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias».
La operativa
La operativa, según el magistrado, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas «a unos fines distintos» del que deberían haber tenido, que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado». Según asevera el juez, «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».
