El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló ayer que no pierde «la esperanza» de que en estos días el Gobierno tramite por urgencia una modificación de la Ley de Salud Pública o de aquellas normas que considere más acordes para que las comunidades autónomas tengan un respaldo jurídico y no estén «desnudas» a la hora de restringir la movilidad en la lucha contra la pandemia del covid-19, una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Moreno confió así, a preguntas de los periodistas en Atarfe (Granada), en que «una vez que pasen las elecciones» en la comunidad de Madrid el Gobierno se sienta «liberado» y cumpla con un «requisito fundamental» y la «promesa» de dotar de un marco normativo a las comunidades para que puedan tomar decisiones como mantener el toque de queda si lo estiman oportuno o cerrar perimetralmente un municipio que haya superado la tasa de contagio 500. «Espero que después de mañana tome una decisión rápida y urgente que nos dote de seguridad jurídica, si eso no sucediera sería un gran error», advirtió Moreno, quien explicó que si se diera ese escenario la Junta de Andalucía actuaría frente a la pandemia dentro de su ámbito competencial, con medidas como la restricción de horarios, y si la incidencia fuera muy elevada en una localidad se intentaría cerrar perimetralmente pidiendo permiso a la Justicia, que lo debe autorizar. Pero recalcó que en este proceso se pierde «un tiempo precioso» y se pierde operatividad en la lucha frente a la pandemia, quedando las decisiones «en manos de un juez». El presidente de la Junta insistió así en que «todo esto se podría haber evitado» con «buena voluntad, cogobernanza, determinación y liderazgo del Gobierno».
A preguntas de los periodistas, Moreno dijo desconocer si el PP y el PNV están manteniendo contactos en el Congreso para intentar articular un texto jurídico alternativo al estado de alarma, alegando que es una responsabilidad del grupo parlamentario y la dirección nacional de su partido, pero recordó que el lehendakari ha pedido de manera formal que se amplíe el estado de alarma o se busquen fórmulas alternativas y mantuvo que en todo caso sería una «prueba más» de la improvisación del Ejecutivo central, que «no ha sabido estar a la altura» en todo este asunto.
Fiscalía de Andalucía
La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, manifestó ayer que no puede «ayudar ni asesorar ni colaborar» con el Gobierno autonómico sobre las posibles medidas que se podrían adoptar para hacer frente a la pandemia del coronavirus por parte de la administración andaluza tras decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
En declaraciones a Canal Sur Radio. la fiscal superior ha recalcado que «no tiene competencias para asesorar a la Junta» sobre las posibles medidas, motivo por el que era «imposible» la reunión que anunció para ayer lunes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tanto con ella como con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que finalmente ha quedado suspendida.
Tárrago indicó que son los letrados de la administración de justicia de la Junta los que tienen la competencia para asesorar al Gobierno autonómico, pero no la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya función es estudiar y resolver sobre asuntos concretos que le vayan llegando.
