El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto ley que incluye tres líneas de ayudas para establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campamentos de turismo y complejos turísticos rurales por un montante total de 72,8 millones de euros y con el fin de «paliar» los efectos que la crisis sanitaria provocada por el covid-19 ha tenido sobre este sector.
Así lo lo anunció el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que señaló que el objetivo es financiar el capital circulante o de explotación de las pymes. Con estas ayudas, explicó, se pretende contribuir a la continuidad de las empresas y evitar la destrucción de empleo. Marín detalló que serán subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva por un total de 72,8 millones, distribuidos en 60 millones para establecimientos hoteleros, nueve para apartamentos turísticos y 3,8 para campamentos turísticos y complejos turísticos rurales.
Las ayudas a hoteles serán de 200 euros por cada plaza con que cuenten los establecimientos que consten en el Registro de Turismo de Andalucía a 13 de marzo de 2020, con un tope máximo de 200.000 euros. En el caso de los apartamentos turísticos, serán 80 euros por cada una de las plazas registradas con un tope de 50.000 euros. Finalmente, en las ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos rurales, para las áreas de pernocta de autocaravanas habrá una cuota fija de 3.000 euros; y para los camping y complejos turísticos rurales la cuantía se determinará en función del número de trabajadores por cuenta ajena a 13 de marzo; en concreto, será de 10.000 euros hasta nueve trabajadores y de 20.000 en los casos de diez o más trabajadores.
Ley de Urbanismo
Por otra parte, El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que unifica las leyes de ordenación urbanística y del territorio, simplifica los procedimientos y reduce de una media de diez años a unos dos la tramitación y aprobación de los planes municipales de ordenación urbana (PGOU). La consejera de Fomento, infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, afirmó que este proyecto de ley que se remitirá al Parlamento para su tramitación supone una «revolución normativa» que pone fin a una «maraña normativa de veinte años» de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994).
