El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, hizo ayer una valoración «positiva» en general del proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, y sostuvo que el «engranaje» entre la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción cuya creación contempla esta iniciativa y la actuación del poder judicial está «bien trabajado».

Así lo puso de manifiesto el presidente del alto tribunal andaluz en una comparecencia ante la comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento en el marco de la tramitación de este proyecto de ley que el pasado mes de marzo superó su debate de totalidad en el Pleno de la Cámara autonómica. Lorenzo del Río consideró «positivo» que «desde el ámbito parlamentario» se tengan medidas como la que plantea la referida iniciativa del Gobierno andaluz, y en esa línea defendió que «es importante establecer mecanismos y medidas que sean previas a las medidas penales», y son «iniciativas positivas» establecer «mecanismos de control, de peso y contrapeso dentro de las instituciones» como los que, en su opinión, plantea este proyecto.

El presidente del TSJA defendió que esta iniciativa legislativa constituye «un avance en la lucha contra el fraude y la corrupción», y consideró «importante que las instituciones luchemos por rescatar la credibilidad» ante la ciudadanía y que «no se genere desconfianza social», porque eso les da «mucha mayor legitimidad».

Con todo, el presidente del TSJA sí advirtió de un posible «solapamiento» que se pueda producir entre esta ley y la ley de ámbito estatal que debe aprobar este año el Parlamento español para trasponer la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo, en la que «se inspira» la iniciativa de la Junta y que atañe a la protección de los denunciantes.