La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, señaló ayer las «conversaciones permanentes» que el Ejecutivo mantiene con la Junta de Andalucía para la gestión de personas contagiadas de covid-19 que llegan a las costas andaluzas en patera y que, según recalcó nuevamente, es una materia que «corresponde a la Consejería de Salud» al entender que se trata de un asunto «de salud pública y no de inmigración».
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«Si no lo tienen tan claro tendremos que volver a hablarlo», insistió la delegada en declaraciones a los medios a la hora de achacar las competencias sobre la situación sanitaria de las personas que acceden de forma irregular a las costas españolas y que no se puede dejar «en la calle». «Tenemos que atenderlos, y entendemos que es una competencia de la Junta por ser un tema de salud pública», reiteró.
García aseguró que «tanto si vienen en patera como si vienen en avión, si es una cuestión de salud pública el competente es la Junta».
En cualquier caso, señaló la fluidez de las conversaciones con el Gobierno andaluz y el «buen entendimiento» por ambas partes ya que el departamento que dirige el consejero Jesús Aguirre «está colaborando con el Gobierno de España» a través de los espacios «sanitarios» o aquellos otros destinados a «guardar la cuarentena».
Una vez que los contagiados y aquellas otras personas que han tenido un contacto estrecho con los mismos pasan la cuarentena, quedan a cargo de la Red Nacional de Acogimiento Humanitario, entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.
