El Pleno de Presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha decidido, por unanimidad, interponer una denuncia por la vía de lo penal contra la delegada del Gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, por delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por coronavirus "debido a la falta de material de seguridad, de personal, y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, dejando a los trabajadores que los integran en el más absoluto desamparo", según informa esta asociación en un comunicado.
Los ochos presidentes de los colegios provinciales de enfermería andaluces han determinado "recurrir a la vía judicial ante la gravísima situación que están sufriendo las enfermeras y enfermeros de nuestra comunidad autónoma" junto al resto de profesionales sanitarios, que "se están jugando la vida y la de los familiares con los que conviven, así como la de los pacientes a los que atienden, obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse: equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas, o guantes".
El CAE considera que la "escasez de materiales de protección" se suma a la "carencia de otras medidas preventivas, como son los test de detección homologados, lo que se viene advirtiendo de forma reiterada en las últimas semanas tanto por parte de la Organización Colegial de Enfermería en su conjunto como concretamente desde este Consejo Andaluz".
El colegio de enfermeros cree que esta situación, "lejos de mejorar, continúa empeorando", ya que "el 14% de los contagiados por coronavirus en España son profesionales sanitarios". Una cifra "totalmente inasumible" para esta organización, que la compara con el 9% de virulencia en Italia y con el 4% en China.
"Esta inaceptable situación muestra el desamparo al que se enfrentan nuestros profesionales", indica esta entidad, que se ve "obligada" a interponer "esta denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra las máximas autoridades políticas de la Junta y contra la delegada del Gobierno en Andalucía como última instancia, ante su falta de acción y su incompetencia en la gestión, por atentar directamente contra la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, actuaciones que consideramos constitutivas de delito".
