El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer, con el voto en contra de Podemos e IU, la nueva ley de Promoción de la Igualdad de Género, que supone una modificación de la del 2007 e incorpora, entre otros aspectos, un régimen sancionador y planes obligatorios de coeducación en todos los niveles. El texto incluye sanciones desde leves a muy graves (con multas de hasta 120.000 euros) por incumplimiento de la ley, la obstaculización de las inspecciones del Instituto Andaluz de la Mujer o la convocatoria de actos culturales, lúdicos, artísticos o deportivos que promuevan la discriminación a la mujer.

También se tipifican como infracciones graves las campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución, comportamientos en función del sexto que atenten contra la dignidad de la persona o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos. Esta norma incluye como una de las medidas la subida conforme al IPC del complemento autonómico a las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, celebró que vaya a existir una ley «renovada y adaptada a los tiempos y a los cambios en base a un texto que mantiene en lo fundamental el del 2007, pero que adecúa los principios de necesidad y eficacia al desarrollo de las competencias de Andalucía en virtud de su Estatuto».

Sánchez Rubio resaltó la «transversalidad» de la norma, ya que «todas y cada una de las áreas de gobierno tienen que ver con el desarrollo de la ley» y agradeció «el buen trabajo previo y posterior en el trámite parlamentario», así como al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres o al Instituto Andaluz de la Mujer.

La portavoz del PP Ana Vanessa García consideró que el texto «supone un avance respecto al anterior» pero destacó que «no solo es importante hacer una buena ley, sino cumplirla», para recordar que «no es posible que la Agencia de Servicios Sociales y Depencencia de la consejería de Igualdad no tenga plan de igualdad a día de hoy, porque han pasado 11 años desde que es obligatorio».

Esperanza Gómez, portavoz de Podemos, justificó su voto en contra al considerar que su grupo «no puede ser cómplice de una ley mordaza», calificativo que otorga a que se aplique una sanción grave a la organización de actos culturales o artísticos que justifiquen la prostitución.

«¿Podemos gastar dinero púbico de los parados en un puticlub pero no podemos hablar de prostitución?», se preguntó Gómez, para quien este texto «se ha hecho de manera que no tiene recibo» y acusó al PSOE de «utilizar la igualdad para hacer políticas de salón y de anuncios».

Desde Ciudadanos, Marta Bosquet consideró que esta norma es «necesaria» pero «llega tarde y entra por los pelos» en este periodo de sesiones del Parlamento, lo mismo que ocurre con el segundo Plan Estratégico de Igualdad al que «se sigue esperando» tras el aprobado en el 2013. Destacó que «todavía queda mucho por recorrer para que hombres y mujeres sean iguales tanto en derechos como en obligaciones» y celebró que el texto «intente plasmar negro sobre blanco algo que debería ser una realidad», además de resaltar el «clima de concordia» en la tramitación de la ley.

La portavoz de IU Elena Cortés lamentó que «no se pueda hablar de una ley de vanguardia, propia del siglo XXI y que necesita un gobierno feminista» y sostuvo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «ha trabajado contra ella», puesto que el Gobierno andaluz ha seguido contratando a empresas que mantienen la discriminación o el aumento de la brecha salarial, afirmó.

--Agencia EFE--