El perito de la Intervención General del Estado Ángel Turrión dijo ayer en el juicio del caso ERE que tras «el cúmulo de irregularidades» expuestas por el interventor general de la Junta de Andalucía al analizar los expedientes de las ayudas, «obviamente el menoscabo» a fondos públicos es posible. «No quiero decir que lo haya, pero riesgo hay», precisó Turrión en respuesta al fiscal. Fiscalía y acusaciones sostienen que este peligro debiera haber obligado a la Intervención de la Junta -cuyo máximo responsable Manuel Gómez es uno de los 22 exaltos cargos acusados de prevaricación y malversación- a elaborar un informe de actuación que no se redactó pese a las deficiencias manifestadas en sucesivos informes.
La ausencia de ese informe, que hubiera llevado a paralizar las ayudas, es el argumento de varios exaltos cargos para defender que no hicieran nada, al señalar que la Intervención solo alertó de deficiencias administrativas pero no de riesgo para las arcas públicas. En la sesión de ayer, en la que continuó la prueba pericial conjunta, los expertos de la IGAE y los propuestos por varias defensas volvieron a debatir sobre si las ayudas a los ERE son ayudas o subvenciones o si se podía o no usar al ente público IFA (luego IDEA) como «caja pagadora».
