El Gobierno andaluz dio ayer luz verde al inicio de acciones legales contra la negativa del Ejecutivo de la nación a evaluar de forma conjunta los subproyectos de almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, firmó la orden para que el gabinete jurídico de la Junta inicie las acciones legales necesarias, según informó el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo ayer en su cuenta de Twitter que «ante el proyecto de almacenamiento de gas, la Junta de Andalucía emprenderá acciones legales para asegurar el futuro del pulmón verde de Andalucía que es Doñana. Damos un paso al frente ante la inacción del Gobierno de España».

La Junta interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto promovido por Gas Natural, con el que también pretende paralizar cautelarmente el subproyecto de Marismas Occidental, que ya está en marcha. El portavoz del ejecutivo andaluz recordó que esta decisión se produce al no haberse obtenido ninguna respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado en diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

En su informe, que ha sido analizado por el Consejo de Gobierno, el titular andaluz de Medio Ambiente subraya que los argumentos de este iniciativa se recogen en sendos informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Extremadura y Andalucía. En dicha respuesta se indica que el riesgo sísmico que presenta el proyecto es suficiente para suspender su ejecución.

El consejero de Medio Ambiente alude también a un informe del Instituto Geológico Minero de España, del que se desprende que la promotora habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona (denominados Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central.

No obstante, la Junta considera que estas evaluaciones por separado no han abordado adecuadamente los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto, por lo que reitera su exigencia de un trabajo único. En el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está fuera del territorio protegido, aunque la paralización de este último se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.

Plan normativo / Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan Anual Normativo para el año 2018, el segundo de esta legislatura, que incluye 87 nuevas normas, de las que doce serán proyectos de ley y 75 decretos, una previsión que se publicará en el Portal de Transparencia de Andalucía. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, dijo ayer que dicha previsión «no está cerrada a cal y canto», sino que se pueden introducir modificaciones.

Entre los proyectos de ley destacan algunos «con un alto calado de servicio social», según Jiménez Barrios, como el de Justicia Juvenil, de medidas contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores en Andalucía, y de animales de asistencia para personas con discapacidad.