La exconsejera de Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo aseguró ayer que los informes de la Intervención alertando del «uso inadecuado» del sistema de las ayudas de los ERE por su mesa «no pasaron» ya que eran leídos por su «equipo técnico», pues no advertían de «ilegalidad alguna». Aguayo se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, por crear o mantener un «procedimiento específico» usado del 2001 al 2011 para repartir 850 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma presuntamente arbitraria y evitando el control administrativo, según el juez instructor que cerró la investigación.

La que fuera primero viceconsejera de Hacienda (2004-2009) y después consejera (2009-2013) asumió durante la instrucción la responsabilidad de que el expresidente Griñán -en su etapa como consejero de Hacienda siendo ella su número dos- no recibiera los informes de la Intervención y también declaró que ella misma no los leía porque recibía «cien al año» y contenían «discrepancias contables» pero nada que exigiera su actuación.

Aunque ayer ratificó esa declaración ante el TSJA, en abril del 2015, ha ido un paso más allá al señalar no sólo que no leyó los informes sino que aunque iban remitidos a la viceconsejería de Hacienda para su puesta en conocimiento del consejero, «esos informes directamente por mi mesa no pasaron», sino que los leían sus técnicos.

«Se lo he explicado con claridad» o «como le he contestado anteriormente» ha precedido muchas de las respuestas de Aguayo a las preguntas del fiscal Anticorrupción, lo que provocó que en un momento dado el magistrado Juan Antonio Calle la haya reprendido por estar «contestando en un tono arrogante».