El portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, anunció ayer sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Junta de Andalucía por el decreto ley que regula la jornada de trabajo semanal de 35 horas del personal empleado público y contra los Presupuestos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo precisó que la reducción a 35 horas de las 37,5 que tienen el resto de empleados públicos contraviene los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que estableció para toda España la jornada laboral de las administraciones públicas en 37,5 horas. También contraviene el real decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
El portavoz precisió que se trata de que los funcionarios, «que son funcionarios del Estado», no pueden estar sometidos a un determinado régimen dependiendo de la comunidad en que trabajen, ya que «todos los funcionarios» tienen que cumplir con las 37,5 horas. A su juicio, ello no es «vertebrador ni cohesionador» y además se ha hecho a través de un decreto ley, lo que tampoco es admitido por el Gobierno, porque «no concurren el caso de excepcional y urgente necesidad» para romper el marco «común al resto de España».
En todo caso, precisó, el Gobierno está dispuesto a continuar con el diálogo con los representantes del Ejecutivo andaluz para buscar acuerdos.
La Junta no tardó en reaccionar ayer. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tachó de «agresión» y «agravio añadido» a Andalucía la decisión del Gobierno y le pidió que no solicite la suspensión cautelar de la medida. En declaraciones a los periodistas, la consejera arremetió contra la decisión del Ejecutivo central de recurrir el decreto aprobado en el Parlamento andaluz, por el que se acordó la restitución de 37,5 a 35 horas semanales para unos 270.000 empleados públicos. Esta situación se mantuvo durante cuatro años hasta principios de este año.
Tras conocer la noticia, la consejera compareció ante los periodistas para expresar su rechazo porque la recuperación de las 35 horas semanales «no solo es una cuestión de derechos, pues los empleados públicos han sostenido a pulmón los derechos de los ciudadanos durante la crisis, sino una oportunidad laboral». En este sentido, la Junta estimó en unos 7.000 empleos los que se crearían a lo largo de este año con la implantación de la jornada de 35 horas semanales, recordó.
UN CASTIGO AÑADIDO / Montero reiteró su petición al Gobierno de que «no dé un castigo añadido» a los empleados públicos solicitando la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas, que es una prerrogativa estatal y, en caso de que la pida, el tribunal la concede automáticamente, indicó. Además, emplazó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que no solicite dicha suspensión si tiene «vocación de diálogo con las administraciones» y aseguró que, si lo hace es por el «afán permanente del Gobierno de agraviar a Andalucía, que siempre se ha comportado desde lealtad institucional».
El recurso es, según Montero, un «desprecio a los trabajadores públicos de España y, en particular, a los de Andalucía», que «ha cumplido con sus obligaciones fiscales y con todo lo acordado con España y dentro de su marco normativo tiene capacidad y legitimidad para poner en marcha la recuperación de derechos de trabajadores que quedaron aparcados por la crisis», argumentó.
En su cuenta de Twitter, la presidenta Susana Díaz criticó la decisión del Gobierno de recurrir ante el Constitucional la jornada de 35 horas en el sector público y la calificó como «un hachazo» contra los derechos laborales y contra la creación de empleo.
