El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, minimizó ayer la trascendencia del cambio de la naturaleza jurídica de Andalucía Emprende, de fundación a agencia empresarial, frente al PP, que cree que oculta irregularidades laborales y que generará duplicidades. El anunciado proyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento podría promover este cambio jurídico de esta fundación, actualmente adscrita a la Consejería de Economía, que pasaría a ser una agencia pública empresarial y modificaría la catalogación de sus casi mil empleados laborales.

«El cambio no es una prioridad para nosotros; no la consideramos una cuestión nuclear; no nos planteamos un cambio y será el Parlamento el que podrá tomar las medidas al respecto; lo importante es la consolidación definitiva de la estructura de esta entidad en un contexto de estabilidad y de consolidación de los derechos laborales», apostilló el consejero. El diputado Jaime Raynaud, del grupo popular, acusó a De Arellano de «huir de responder al motivo de su comparecencia» y enfatizó que para el PP «sí que es importante» este cambio «porque, aunque usted lo quiera ocultar, supone transformar la fundación en una agencia», con importantes consecuencias laborales y operativas.

Raynaud recordó que un informe del Consejo Económico y Social precisa que este cambio jurídico persigue la conversión de una fundación en una empresa pública y alertó de que ello generará «duplicidades de funciones», en especial con la Agencia IDEA, y problemas de financiación. De Arellano le contestó que «transformar una fundación en una agencia es una opción administrativa, pero no una prioridad para este Gobierno» para el que «lo importante» es «consolidar el asesoramiento como un derecho que los andaluces podrán reclamar a cualquier gobierno».