El Tribunal Constitucional ha respaldado por segunda vez la selección pública de medicamentos de Andalucía, conocida como subasta, al desestimar el conflicto de competencia interpuesto por el Gobierno central, según destacó ayer un comunicado de la Consejería de Salud. El fallo judicial sostiene que «no se contradice la legislación básica estatal en materia de financiación pública de medicamentos» con dicha subasta, sino que se «parte de dicha legislación para procurar la racionalización del gasto sanitario, ahorrando gastos al sistema en Andalucía».
Asimismo, la sentencia dice que esta medida «no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados», frente a lo esgrimido por el Gobierno de España como representantes del PP en Andalucía, actuación que la Junta asegura que estaba encaminada a «sembrar dudas sobre esta innovadora medida».
El auto también señala, según la Junta, que «la seguridad del paciente queda salvaguardada dado que el medicamento ha sido prescrito por el profesional médico y el producto dispensado se encuadra en los listados elaborados por el ministerio» y que el «marco normativo de prescripción no se altera en lo más mínimo, por lo que no puede sostenerse que se modifica la cartera básica».
PRINCIPIO ACTIVO / La sentencia ratifica la resolución del 25 de enero del 2012, de la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la primera convocatoria para la subasta de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando se recetasen por principio activo (molécula química) y no por marca comercial. El Constitucional entiende que esta convocatoria se «enmarca en el ámbito propio de la competencia autonómica de regulación de la función de dispensación de medicamentos de las farmacias en el ejercicio ordinario de su actividad».
El comunicado de la Junta destaca que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de los dos recursos interpuestos por el Gobierno de España «y ha refrendado la constitucionalidad de la selección pública de medicamentos, al igual que ha rechazado que cause un conflicto de competencias».
La primera sentencia, del pasado diciembre, destacaba que «la selección por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por las farmacias no establece diferencias en las condiciones de acceso» y «la única diferencia es que en Andalucía la selección del de precio más bajo la hace el SAS y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario».
La Junta de Andalucía reiteró ayer su «satisfacción» por esta sentencia «ya que avala y ratifica lo que el Gobierno autonómico ha defendido desde la implantación de esta medida, en 2012, tanto en lo referido a su legalidad y constitucionalidad como a la garantía de que la población andaluza tiene el mismo acceso a los medicamentos que en el resto de España».
AHORRO DE 413 MILLONES / La Junta añade que esta subasta permite «un importante ahorro» para el sistema sanitario público andaluz «sin mermar la calidad del servicio prestado, que los usuarios tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento». El Gobierno andaluz ha destacado que las diez subastas de medicamentos realizados ha ahorrado 413 millones de euros a la sanidad pública andaluza. También ha denunciado que el Gobierno de España «ha puesto todos los obstáculos posibles a esta medida de eficiencia desde su implantación, llevándola ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización».
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, destacó ayer que la nueva sentencia del Constitucional que respalda la subasta de medicamentos «no deja lugar a dudas» de que lo que hizo la Junta es «lo correcto», lo que supone un «nuevo varapalo»” al Gobierno central y al PP.
