El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de los ERE, ha localizado 31 documentos de la causa que no estaban clasificados y que se recibieron cuando la magistrada Mercedes Alaya dirigía la dependencia judicial. En una diligencia a la que ha tenido acceso Efe y que fue notificada ayer, la letrada de administración de justicia del juzgado -anterior secretaria judicial- recoge el listado con los 31 documentos, que se «encuentran en lugar no clasificado» en el juzgado.
Ninguno de los 31 documentos y carpetas tienen fecha de registro de entrada en el juzgado, según precisa la letrada de administración de justicia en la diligencia. Tras elaborar el listado, la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, ha dictado una providencia en la que ordena que se formen anexos con los documentos, se remitan a la Fiscalía o que se unan a diligencias ya abiertas o al expediente de la empresa a la que se refiera la documentación.
El listado se suma a otra documentación de los ERE que fue localizada en febrero pasado en el juzgado y que fue remitida en el 2013 pero no tenía fecha de entrada. Entre la documentación no clasificada se incluyen oficios del Tribunal Supremo, del Congreso y del Senado devolviendo notificaciones y un oficio de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en la causa.
También hay documentación de la Unidad de Policía Judicial sobre la aseguradora Fortia Vida, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre un desplegable e informes de IDEA que remitió la Junta de Andalucía o de la Fiscalía de la Audiencia procedente del Defensor del Pueblo.
Además, se recogen diligencias previas del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla con una denuncia de José Enrique Rosendo, ya fallecido, y cuyas empresas recibieron numerosas ayudas de la Junta, así como varios oficios del Cuerpo Nacional de Policía sobre algunos imputados y de empresas implicadas en el caso de los ERE.
Entre los documentos no clasificados hay información de la Junta de Andalucía sobre el Grupo Mineralogista Onubense Faja Pirítica, que fue requerido por el juzgado en el 2011, así como escritos presentados por algunos imputados. La secretaria judicial recoge en su listado un oficio de la Guardia Civil informando y adjuntando copia de entrega de citaciones judiciales y otro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación a la Faja Pirítica en la que se pone de manifiesto que no se tiene constancia de un plan único del Gobierno central para paliar la crisis minera andaluza.
También destaca una carpeta con un atestado de la Policía Nacional sobre Hitemasa y con un oficio donde se adjunta una copia del informe emitido por la Comisión de la Banca Nacional Belga sobre la aseguradora Apra Leven «en idioma extranjero», o una segunda carpeta con distintos oficios de la policía.
Igualmente, entre esta documentación se encuentra la vida laboral de Juan Francisco Trujillo remitida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. H
