La comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación acordó ayer citar en una primera ronda a 69 comparecientes, entre ellos la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. En la reunión, que se prolongó durante casi ocho horas, se han reducido a 69 los declarantes del total de más de 460 nombres distintos que habían solicitado los cinco grupos del Parlamento andaluz.

La comisión aprobó la comparecencia de Díaz, Chaves y Griñán con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos, mientras que el PSOE votó en contra e IU se abstuvo; y en el caso de Báñez el PSOE, C's y Podemos han votado a favor, el PP en contra e IU también se ha abstenido.

Además, deberán declarar ante los comisionados el consejero de empleo, José Sánchez Maldonado, y sus antecesores desde 2002, Antonio Avila, Manuel Recio, Antonio Fernández, y José Antonio Viera; así como los exconsejeros de Educación Luciano Alonso y Mar Moreno; y el exconsejero de Hacienda y empresario Angel Ojeda. El resto de citados son principalmente directores generales de la Junta, delegados provinciales, jefes de servicio, directivos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y empresarios vinculados a los cursos de formación.

CALENDARIO En esta reunión no se ha abordado el calendario de comparecencias, que se acordará en un próximo encuentro para el que todavía no se ha decidido una fecha, según informó el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos). Respecto al orden de las comparecencias, Díaz señaló que hay un "acuerdo válido" para que los primeros sean el interventor de la Junta y los ocho interventores provinciales y que "los acuerdos están para cumplirlos", aunque su partido defiende que la primera declarante sea Susana Díaz.

El presidente reconoció que las fechas previstas para estas primeras declaraciones (del 16 al 19 de febrero) no podrán cumplirse puesto que hay que seguir un procedimiento para identificar, localizar y notificar la citación que supera el plazo previsto, aunque ya se ha solicitado la documentación necesaria a las diferentes administraciones.

Julio Díaz explicó que se trata de una primera ronda y que queda abierta la posibilidad de que acudan a la comisión nuevos citados en una segunda fase, y aseguró que pretende "optimizar al máximo los tiempos" con la intención de concluir "si fuera posible" los trabajos en el actual periodo de sesiones.

El diputado socialista Rodrigo Sánchez de Haro ha insistido en que su formación pensaba que Díaz no debía ser citada, no ha revelado su criterio sobre cuándo debe comparecer y ha hecho hincapié en que para conocer lo que ha ocurrido "hay que conocer a los beneficiarios" y a las empresas relevantes.

EL PP CRITICA A C's Por parte del PP, la diputada Teresa Ruiz Sillero ha denunciado que en la lista faltan nombres "indispensables" que no han entrado "porque PSOE y Ciudadanos no han querido", como la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, la de Hacienda, María Jesús Montero, o el ex director general de Empleo, Francisco J. Guerrero. Ha sido muy crítica con Ciudadanos, al que ha acusado de ser el "brazo armado" del PSOE y de "boicotear" la comparecencia de los interventores en la tercera semana de febrero.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, opinó que este listado "va a dar pie a que haya suficiente información" para ampliar los comparecientes en una segunda ronda y afirmó que estarán "abiertos a traer a la comisión a quien sea necesario, sin ningún límite de nombres".

Desde Izquierda Unida, la parlamentaria Elena Cortés valoró como "positivo" el "consenso" que entiende que ha suscitado el listado de su formación, pero considera que la lista está "descompensada" porque adolece de empresas que han sido beneficiarias y cuenta con mucha presencia de altos cargos y personal técnico.

Los representantes de Podemos no hicieron ninguna valoración ante los medios de comunicación en señal de respeto tras el fallecimiento, ayer, del presidente del grupo, José Luis Serrano.

'CASO ERE' Por otro lado, el juez de refuerzo Alvaro Martín, que investiga la pieza de los ERE que afecta a los políticos de la Junta de Andalucía, acordó ayer fijar para el 17 de febrero las declaraciones de investigados que aplazó hace dos días para que se pudiera recabar la documentación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.