La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la magistrada que instruye el caso de los ERE fraudulentos, María Núñez, en el que le pide que llame a declarar como imputados a los antiguos parlamentarios autonó- micos y exconsejeros de la Junta al haber perdido su aforamiento y cuya causa estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los exparlamentarios son la exconsejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; los extitulares de Empleo, Antonio Avila y Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, imputados en su momento por el TSJA por su presunta implicación en el caso de los ERE falsos.

La Fiscalía señala en su escrito la necesidad de pedir la declaración de los exconsejeros "al haber perdido la condición de parlamentarios andaluces y, por tanto, su fuero especial" tras las elecciones autonómicas de marzo, aforamiento que motivó que inicialmente fueran investigados por el TSJA.

El ministerio público solicita que estas declaraciones se hagan "a la mayor brevedad que sea posible teniendo en cuenta la evidente y notoria carga de trabajo del juzgado", que además del caso ERE investiga las irregularidades en los cursos de formación o los avales y ayudas concedidos a empresas por la agencia IDEA.

La Fiscalía Anticorrupción solicita a la juez Núñez que "proceda a instruirles del contenido del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dándoles expreso traslado de sus respectivas imputaciones y fijando fecha para recibirles declaración".

El ministerio público cree necesario que una vez recibida la causa desde el TSJA se otorgue a los exparlamentarios andaluces "expresamente" la condición de parte en estas diligencias previas tomando conocimiento "no solo del contenido de toda la causa sino también del contenido de los indicios que pesan sobre cada uno de ellos, de manera individualizada".

GARANTIA PROCESALES Estos indicios "constan de manera detallada" en la exposición razonada elevada al TSJA el 21 de enero de 2015 por la juez Mercedes Alaya, entonces titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla y en la actualidad en la Audiencia Provincial. "Esta petición de relación individualizada de hechos imputados se considera necesaria, además, para evitar que en cualquier momento procesal posterior, las defensas de los ahora y en el futuro inculpados puedan alegar, en defensa de sus legítimos intereses, la prescripción o cualquier tipo de indefensión derivada de no poder articular de manera eficiente sus medios de defensa", dice el escrito de Anticorrupción.

Según el ministerio público, "de prosperar" lo anterior, podría derivar en una "nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio", con lo que se imposibilitaría o dificultaría al ministerio fiscal "la formulación de un sólido escrito de acusación al carecer de prueba válida suficiente".