El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, informó ayer de que las ayudas al alquiler para la familias desahuciadas contarán con un presupuesto de 3,8 millones, tras ampliarse en verano en 1,5 millones la dotación prevista para garantizar la atención al elevado número de demandantes. Felipe López aclaró, en comisión parlamentaria, que la consejería publicó en el BOJA en agosto la suspensión temporal de la orden con el fin de "asegurar a los solicitantes que, siempre que cumplan las condiciones, existirá dotación económica con la que responder a su demanda y no generar obligaciones económicas sin recursos". En ese sentido, matizó que la suspensión "es un trámite administrativo que se utiliza en un ejercicio de responsabilidad y rigor en la gestión para garantizar la tramitación de todas las peticiones registradas y no crear falsas expectativas permitiendo que se continúe la presentación de nuevas solicitudes que no tendrían cobertura presupuestaria".
Esta orden, a la que se ha presentado 515 solicitudes, da respuesta a las personas desahuciadas que no podían beneficiarse de la aplicación de la Ley sobre la Función Social de la Vivienda al estar suspendida por el recurso planteado por el Gobierno central a esta norma ante el Tribunal Constitucional. De hecho, dan cobertura al mismo perfil de familias en situación de emergencia social que la consejería protegía mediante la expropiación temporal de viviendas a las entidades financieras, mecanismo actualmente suspendido por el citado recurso del Gobierno.
Los requisitos que deben acreditarse para obtenerla son, entre otros, haber sufrido una ejecución hipotecaria o de cualquier otra garantía sobre su vivienda habitual y que el lanzamiento genere una situación de emergencia o exclusión social, así como que ningún miembro de la unidad familiar sea titular de otra vivienda. El periodo máximo de concesión de la ayuda son tres años.
